El juez penal de Pichincha Geovanny Freire aseguró la mañana de este martes, 30 de junio, que carece de sustento legal el pedido para excluir como acusadora particular en el caso Magnicidio FV a Verónica Sarauz, viuda del político asesinado Fernando Villavicencio, hecho por Tamia y Amanda Villavicencio, hijas del presidenciable acribillado por sicarios el 9 de agosto de 2023.
Con esa decisión el magistrado mantuvo a Sarauz, viuda y representante del hijo menor de edad de Villavicencio, como acusadora particular en la causa que investiga a los siete autores intelectuales del crimen ocurrido durante la campaña presidencial de 2023. Como acusadoras particulares también son vistas las dos hijas mayores del político y periodista asesinado, así como la madre y varios de los hermanos de Villavicencio.
El juez Freire indicó que la condición de víctima constituye una categoría jurídica expresamente creada por el legislador y es limitada por la propia ley penal. Refirió que la norma reconoce como víctima no únicamente a quienes sufren de manera directa en afectación del día jurídico protegido, sino también a quienes resultan perjudicados indirectamente por la infracción, incluyendo expresamente, entre otros, al cónyuge o pareja, a los ascendientes y descendientes.
“Respecto a la solicitud formulada de excluir a Verónica Sarauz como acusadora particular designada (…), este ajustador concluye que la pretensión resultó jurídicamente improcedente. Las alegaciones expuestas durante la audiencia no configuran un vicio procesal (…), tampoco constituyen causal legal de exclusión de la acusación particular y, menos aún, permiten desplazar la representación legal derivada de la patria potestad mediante aplicación supletoria del artículo 32 del Cogep. La eventual existencia de hechos que pudieran revestirle de base jurídica futura no modifica la legitimación procesal actualmente reconocida por la Constitución y la ley. Por ello, tanto la solicitud de exclusión de la acusación particular como la petición de designación de curador especial no son jurídicamente procedentes”, aseguró Freire.
Las hijas de Villavicencio y su defensa técnica comentaron que han podido corroborar “la existencia de conversaciones extraídas del dispositivo electrónico de María Paula Christiansen, esposa del procesado José Serrano, que involucrarían a Verónica Sarauz”, ante lo cual alegaron un posible conflicto de intereses, por lo que su presencia, dijeron, “constituye una simulación intolerable que vicia de nulidad el desarrollo del juicio”.
“Del expediente se desprenden indicios concretos de un posible fraude procesal en el que habrían participado ambas ciudadanas. Los mensajes de fechas 16 y 17 de agosto de 2025, contenidos en el referido dispositivo, revelan que la señora Christiansen le solicitó a Verónica Sarauz su cédula de identidad y su acta de matrimonio con Fernando Villavicencio con el propósito explícito de otorgar mayor peso a una carta de apoyo presentada a favor del procesado José Serrano en los Estados Unidos. En ese mismo intercambio, la señora Sarauz condiciona su colaboración a recibir garantías de absoluta confidencialidad, expresando preocupación por la exposición mediática del caso en Ecuador”, explicó Tamia Villavicencio.
Las hijas de Villavicencio adujeron que Verónica Sarauz y su cónyuge habrían proporcionado al entorno de los procesados información personal y sensible que era de su pertenencia en calidad de víctimas indirectas.
“Se difundieron y compartieron entre ellos los domicilios de sus familiares, incluyendo la residencia de nuestra abuela, datos de identificación y más documentos privados. Dicha información fue posteriormente transmitida por Christiansen al procesado Xavier Jordán, quien la utilizó para desatar una campaña de intimidación en los días previos a la audiencia de formulación de cargos contra Jordán, José Serrano, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo. Días después de que se difundiera esta información, sufrimos un atentado en nuestro domicilio”, agregaron.
Entre otras cosas, Tamia y Amanda Villavicencio también acusaron que, en su momento, Verónica Sarauz lamentó que se les hubiera entregado seguridad y medidas de protección, calificando la situación de “mala estrategia”. (I)