El comportamiento de la violencia criminal en Ecuador durante los primeros cinco meses de 2026 demuestra que las dinámicas delictivas no se disipan fácilmente, sino que mutan y se reconfiguran en el territorio.
Las estadísticas oficiales comparadas con 2023 y 2025 revelan una aparente mejoría en cantones que históricamente han sido epicentros de muertes violentas, como Guayaquil o Durán, donde la intervención sostenida ha logrado reducciones estadísticamente significativas.
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Sin embargo, este retroceso en las ciudades tradicionalmente conflictivas no refleja una pacificación estructural del país. Los decretos presidenciales y los informes oficiales advierten sobre el desplazamiento de células delictivas hacia nuevas geografías. Este fenómeno ha provocado que la letalidad se focalice hoy en diversos cantones estratégicos.
Los territorios a la baja
El análisis nacional de los homicidios intencionales refleja una reducción generalizada en el país, que pasó de 4.085 muertes violentas entre enero y mayo de 2025 a 3.485 en el mismo período de 2026. Pese a la reducción, este es el segundo peor inicio de año de la historia nacional.
Por un lado, durante este periodo, las bases de datos revelan descensos notables frente a 2025. Guayaquil logró bajar de 1.308 a 944 muertes violentas, lo que se traduce en una reducción del 27,83%. Su vecino cantón de Durán, que venía de una explosión delictiva, reportó un decremento del 51,10%, al pasar de 319 a 156 fallecidos.
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En Manabí, Portoviejo disminuyó sus casos de 149 a 80, alcanzando una caída del 46,31%, mientras que Babahoyo en Los Ríos pasó de 132 a 70 víctimas, reduciendo su fatalidad en un 46,97%.
Este escenario provocó que 51 cantones ecuatorianos registraran cifras a la baja y que 44 territorios vieran sus casos caer a cero.
La mutación del crimen
Los datos reflejan que la contención en Guayas generó un desplazamiento criminal hacia las provincias periféricas o rutas de narcotráfico. Frente a las cifras de 2025, un total de 82 cantones sufrieron aumentos de muertes violentas en 2026.
Machala se convirtió en el principal núcleo de esta reconfiguración tras dispararse de 118 a 193 casos, lo que equivale a un aumento del 63,56%. En la provincia de Los Ríos, Vinces sufrió una escalada desproporcionada del 362,50%, saltando de ocho muertes a 37 en tan solo un año.
Pero la letalidad no solo afectó estas zonas. Pasaje sumó 53 víctimas frente a las 26 previas, marcando un incremento del 103,85%, y en Manabí, Montecristi pasó de 34 a 60 asesinados, alzando sus índices en un 76,47%.
Las estadísticas de las regiones de la Sierra y la Amazonía también evidencian un preocupante efecto de expansión y desplazamiento criminal al comparar los primeros cinco meses de 2026 frente a 2025.
En la Sierra, el estallido más alarmante se registró en Cuenca (Azuay), que multiplicó sus índices al pasar de tres a 18 homicidios, seguido por Pedro Moncayo (Pichincha), que subió de una a siete muertes, Tulcán (Carchi), que pasó de una a cinco; y Otavalo (Imbabura), con un alza de uno a cuatro asesinatos.
Por su parte, en la Amazonía, el epicentro del deterioro fue Lago Agrio (Sucumbíos), una jurisdicción fronteriza que saltó de 21 a 40 muertes violentas; a esta zona le sigue el cantón Pastaza (Pastaza), que triplicó sus registros, pasando de tres a nueve homicidios.