La exfiscal general y actual embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, se refirió a la actuación de la Fiscalía General del Estado en el caso Laberinto, en el que se investiga a la excandidata presidencial del correísmo Luisa González.
González está procesada por el presunto delito de lavado de activos al haber recibido supuestamente donaciones de las empresas del alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez para su campaña electoral de 2023; este dinero tendría origen en la comercialización irregular de hidrocarburos.
Alvarez está sentenciado en los casos Triple A y Grillete; y está en trámite el caso Goleada.
Salazar indicó en entrevista con EL UNIVERSO que “los indicios de que un partido político (el correísmo) estaba relacionado con el crimen organizado salieron a raíz del caso Metástasis”, en el que se investigó el delito de delincuencia organizada para hacerle favores judiciales al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
La exfiscal dice que no tiene mayores detalles de la investigación a González más que los que ha conocido por los medios de comunicación. Pero observa que “ya empiezan a salir estas voces de que no hay pruebas, de que hay persecución política y todo eso. Yo considero que los fiscales, por lo menos en lo que en mi experiencia corresponde, actúan cuando tienen los suficientes elementos de convicción. Entonces, una cosa es aquella batalla mediática en redes y otra es la verdad procesal. Y la verdad procesal es la que debe primar siempre. Por eso es importante el acompañamiento de la ciudadanía a través de los canales oficiales, para que se informe y se vaya haciendo su propio criterio”, reflexiona.
Agrega que “al fiscal no le interesan las personas, sino los hechos, hechos que pueden ser un delito. Si por ahí resulta ser un candidato o un excandidato o alguien que ejerce la docencia, le es indiferente, simplemente cometió un delito”, expresa ella.
La figura de manejos irregulares de dineros de campaña no está tipiicada penalmente en la legislación ecuatoriana. Algo que, para la embajadora, podría reformarse.
“Yo considero que nuestro Código Orgánico Integral Penal, COIP, es un código moderno que abarca varios tipos de conductas, pero que si en el futuro aparecen estas nuevas modalidades que se van descubriendo y, en aras de no dejar en impunidad, se debe reformar, creo que es lo adecuado. Sin embargo, con las figuras jurídicas que se tiene, los fiscales pueden adecuar los hechos al tipo penal y se puede avanzar”, indica Salazar.