Por sexta ocasión, el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, no se presentó a la audiencia en la que estaba prevista la lectura de la sentencia contra él, su hijo, Jacobo Bucaram, y dos personas más por el presunto delito de delincuencia organizada. El caso, que data de 2020, investiga la comercialización irregular de pruebas para detectar covid-19 y otros insumos médicos.
La diligencia estaba convocada para las 17:00 de este jueves 3 de septiembre, en el Complejo Judicial Norte, en Quito, pero comenzó alrededor de las 17:40. Tres de los cuatro procesados se conectaron a la audiencia. Bucaram, en cambio, no lo hizo y nuevamente alegó problemas de salud. Según su defensa, el exmandatario se encontraba internado en un hospital de Guayaquil.
Ante su ausencia, el tribunal suspendió la diligencia y ordenó que agentes de la Policía Nacional localicen a Bucaram, constaten su estado de salud y lo trasladen para que pueda escuchar la sentencia.
La lectura del fallo no puede realizarse mientras uno de los procesados no esté presente, ya sea de manera física o mediante conexión telemática.
Agentes acudieron a la casa de salud donde supuestamente se encontraba Bucaram, pero no pudieron confirmar que estuviera internado. Tras recibir este reporte, el tribunal ordenó su captura y traslado a la diligencia, con el objetivo de que comparezca y escuche la sentencia.
Además, los jueces dispusieron vigilancia permanente en la clínica donde estaría Bucaram y precisaron que, una vez que reciba el alta médica, será aprehendido para ser trasladado a la diligencia.
Por otra parte, el tribunal ordenó investigar a tres centros hospitalarios de Guayaquil donde el expresidente habría sido atendido, con el fin de determinar las circunstancias de sus ingresos y la documentación relacionada con su estado de salud.
Finalmente, la audiencia fue aplazada hasta que se garantice la presencia del exmandatario.
Riesgo de prescripción
El 31 de julio pasado, la fiscal que lleva el caso, Lidia Sarabia, había advertido que esta causa estaría próxima a prescribir.
En un oficio enviado al fiscal general del Estado subrogante, Carlos Alarcón, la funcionaria alertó que no había una sentencia, que la formulación de cargos contra Abdalá Bucaram fue en agosto de 2020 y que su hijo, Jacobo, fue vinculado al proceso un mes después.
Hoy, tras las constantes dilaciones, Sarabia calificó este caso como “inadmisible, inaudito y sin precedentes”.
Un caso de seis años
La Fiscalía acusa al expresidente, a su hijo y a otras dos personas de «colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21 000 pruebas para la detección de covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria».
De acuerdo con las investigaciones, dos israelíes, uno de ellos asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario, quien «también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras».
Jacobo Bucaram «pagó 321 600 dólares en efectivo por esta mercadería», de acuerdo al testimonio que dio el extranjero antes de ser asesinado y que fue citado por la Fiscalía durante el juicio.
La Fiscalía también señaló que algunos de los implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) para movilizarse.
En total, cincuenta personas, entre peritos y testigos, testificaron en este juicio, que inició el 11 de abril del año pasado, después de varios diferimientos registrados desde 2022.
El delito de delincuencia organizada se sanciona con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar con agravantes.
Otros dos agentes de tránsito, que eran escoltas de seguridad presidencial, ya fueron sentenciados por este caso y recibieron penas reducidas tras aceptar los hechos imputados.