El ministro del Interior, John Reimberg, sugirió una relación entre los dos amotinamientos registrados este jueves 22 de octubre en cárceles de Cotopaxi y Pichincha y la detención de la excandidata presidencial Luisa González, ocurrida en la madrugada.
“Hoy, justo el día en que fue detenida Luisa González (…) se registran dos amotinamientos en cárceles del país, con fallecidos. ¿Casualidad? Que cada quien saque sus conclusiones”, escribió Reimberg en su cuenta de X, en la noche de este jueves.
En el mismo mensaje, el ministro agregó que el país no permitirá “que el crimen organizado ni sus aliados políticos desafíen al Estado”. Y cerró con una advertencia. “La ley no se negocia. El orden no se entrega”, señaló.
Reimberg no presentó elementos que vinculen los hechos en las cárceles con el arresto de González.
Ocho fallecidos en Latacunga y Quito
El mensaje del ministro acompañó un comunicado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), que confirmó los dos amotinamientos. El primero ocurrió en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Cotopaxi N.° 1, en Latacunga, y el segundo en el Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha N.° 1, conocido como cárcel de El Inca, en Quito.
Según el SNAI, en cada centro murieron cuatro presos. En El Inca, además, diez personas resultaron heridas y reciben atención médica. La entidad informó que los presuntos responsables ya fueron identificados y serán trasladados a la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena.
En Latacunga, la alerta se originó en los pabellones de mínima y mediana seguridad. De acuerdo con un reporte de la Unidad de Contingencia Penitenciaria, tres internos murieron por disparos y un cuarto fue hallado con señales de estrangulamiento. En el lugar se encontraron dos pistolas. El gobernador de Cotopaxi, Jorge Luis Baño, aseguró que “tenemos al momento el control con Fuerzas Armadas y Policía Nacional”.
El caso Laberinto
Luisa González fue detenida en la madrugada de este jueves en Canuto, la localidad de Manabí donde creció. La Fiscalía la investiga dentro del caso Laberinto, que busca establecer de dónde salió el dinero que pagó la publicidad de su campaña presidencial de 2023, entre mayo y agosto de ese año.
El proceso comenzó en junio pasado, cuando el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) remitió a la Fiscalía su sentencia contra el binomio presidencial y la encargada de las cuentas de campaña por irregularidades que superan los USD 180 000. De ese monto, USD 6 400 corresponden a ingresos de origen no justificado y USD 174 930 a propaganda no reportada.
La investigación arrancó por concusión, pero la semana pasada pasó a lavado de activos tras los hallazgos en los dispositivos de José Cevallos, exfinanciero de las empresas de Aquiles Álvarez y testigo protegido en el caso Goleada. Según la Fiscalía, además de los aportes declarados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), se habría usado una red de empresas para mover cerca de USD 500 000. “Los fondos se habrían canalizado sin transparentar su procedencia ni la identidad de quienes habrían aportado”, señaló la entidad.
De acuerdo con información conocida por Ecuavisa, Cevallos rindió su versión el lunes 19 de octubre ante la fiscal María Belén Luna. En ella señaló que Álvarez pidió que su empresa Ternape, vinculada a los casos Goleada y Triple A, entregara USD 300 000 a la campaña de González. En esa operación habrían intervenido Wendy Onofre y Leslie Cargua.
Los procesados
En el caso hay siete investigados. Además de González, la Fiscalía procesará a Wendy Onofre, secretaria del movimiento RETO, quien se entregó voluntariamente la tarde de este jueves. También serán procesados Estefanía Molina Freire, asistente de González, y Santiago Díaz Asque, exasambleísta y exjefe de campaña, que está encarcelado por la violación de una menor de edad.
Entre los investigados constan además Andrés Arauz, excompañero de fórmula de González, y Daniela Cargua Baque. Arauz reside en México, desde donde cumple con presentaciones periódicas por el caso Ligados.
González permanece en el Cuartel Modelo de Guayaquil, a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Este caso se suma al denominado Caja Chica, en el que ya era investigada por la supuesta financiación de su campaña con dinero en efectivo traído desde Venezuela.
Desde el correísmo rechazaron el arresto. González calificó la acusación como “absurda” en un comunicado, mientras que la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, aseguró que la excandidata fue “secuestrada por este Gobierno” y anunció un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).