La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, salió al paso de las críticas que enfrenta el organismo tras la suspensión provisional de tres jueces que revocaron la prisión preventiva de los hermanos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el caso Goleada.
En un pronunciamiento difundido la noche del 5 de agosto de 2026, Caicedo afirmó que la independencia judicial «no es inmunidad ni impide que las instituciones actúen conforme a la ley».
Caicedo sostuvo que las suspensiones cautelares impuestas a los magistrados «no son sanciones ni determinan responsabilidad», una decisión adoptada después de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) los señaló de haber incurrido en «error inexcusable»·.
La funcionaria explicó que se trata de medidas temporales destinadas a preservar la confianza en el sistema judicial mientras avanzan las investigaciones, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
También cuestionó los pronunciamientos públicos sobre el caso y afirmó que las decisiones disciplinarias corresponden a las instituciones competentes. «Los abogados pueden opinar y defender, pero no sustituir ni condicionar las competencias del Consejo», sostuvo.
«Se descarta categóricamente que en este caso existan motivaciones ajenas a las competencias y facultades normativas de esta institución», agregó, por su lado, otro comunicado institucional de la Judicatura.
Carta para Milton Velásquez
El pronunciamiento se produjo tras las críticas generadas por la suspensión de los jueces Silvana Velasco, Wiler Chóez y Byron Uzcátegui, quienes integraban la Sala Anticorrupción que dejó sin efecto la prisión preventiva de Antonio y Xavier Alvarez, procesados en el caso Goleada.
La resolución del tribunal -que también beneficiaba al alcalde de Guayaquil, pero no pudo salir de la cárcel por otros procesos judiciales- fue posteriormente revocada por otra instancia judicial.
Los tres magistrados fueron suspendidos por tres meses sin remuneración mientras se desarrolla un sumario disciplinario por un presunto error inexcusable. Según la Judicatura, los jueces habrían analizado aspectos de fondo de la causa cuando debían limitarse a resolver sobre los requisitos de la prisión preventiva.
Uno de los magistrados suspendidos, Byron Uzcátegui, rechazó la medida y denunció presuntas presiones.
«Se disciplina a los pocos jueces independientes»
A las críticas también se sumó el exjuez anticorrupción Carlos Serrano Lucero, quien defendió a Uzcátegui. En un mensaje difundido en la red social X, afirmó que lo conoció durante el concurso para jueces y lo calificó como «un jurista de primer nivel».
Serrano sostuvo que la posible destitución de Uzcátegui «debe preocupar» porque, a su juicio, «podrían desechar injustamente a un juez por haber hecho bien su trabajo» y porque «se disciplina a los pocos jueces independientes que quedan».