Diversas organizaciones políticas y sindicales de la oposición en Ecuador marcharán el 7 de noviembre de 2026 contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa. La adhesión surge tras la detención de la excandidata presidencial Luisa González, ocurrida el pasado 22 de octubre en su vivienda de Canuto, provincia de Manabí, durante un allanamiento fiscal por presunto lavado de activos en el marco del caso Laberinto. Los colectivos han decidido trasladar sus reclamos desde los pronunciamientos públicos hacia una movilización para denunciar una persecución política y judicialización.
La detención de Luisa González gatilla a partidos
La decisión de convocar a una jornada de protesta nacional se precipitó tras el operativo policial y judicial ejecutado en la provincia de Manabí contra la principal dirigente de la Revolución Ciudadana.
- La fecha del operativo: El 22 de octubre de 2026 se allanó el domicilio de González en Canuto.
- La causa penal: La Fiscalía investiga presunto lavado de activos en el denominado caso Laberinto.
- El monto bajo sospecha: Un presunto mecanismo paralelo de financiamiento electoral que habría movilizado cerca de 500.000 dólares durante la campaña presidencial de 2023.
- Otros implicados: El proceso incluye a cinco personas más pertenecientes a la organización política o vinculadas a ella.
Frente a este hecho, agrupaciones como la Revolución Ciudadana, Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y Pachakutik ofrecieron una rueda de prensa conjunta donde calificaron el proceso penal como un acto de «persecución» y anunciaron que acudirán a instancias internacionales.
Las organizaciones sociales y políticas marcharán
El director de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, ratificó que el descontento no se limitará a declaraciones formales e invitó a sumarse a la movilización del 7 de noviembre de 2026.
«Unidad Popular va a seguir ejerciendo la oposición a un Gobierno incapaz, corrupto y antipopular; seguiremos levantando nuestra voz crítica», señaló Atarihuana.
Los antecedentes de presunta persecución
Atarihuana enfatizó que las acciones estatales contra su movimiento no constituyen un hecho aislado y enumeró los antecedentes recientes:
- A inicios de 2026 afrontaron un proceso administrativo que intentó cancelar el registro de Unidad Popular.
- Varios líderes sociales, entre ellos Andrés Quishpe, Pacha Terán y Paul Jácome, mantienen procesos abiertos y criminalización en la Fiscalía desde el paro de octubre.
Por su parte, el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, indicó que «cualquier cosa que se escriba es un riesgo», pero defendió la necesidad de «ponerles cara» al régimen mediante denuncias formales y presencia en el espacio público.
Vallejo precisó las gestiones internacionales emprendidas:
- Denuncias formales ante la Alianza Progresista.
- Notificaciones a la Coordinadora Socialista Latinoamericana.
- Alertas remitidas a la Unión Internacional de Juventudes Socialistas (IUSY) sobre el deterioro democrático en el país y lo que calificó como la «detención absurda de Luisa González».
Sanciones administrativas y bloqueos financieros
El titular del PSE expuso además medidas administrativas que asfixian su funcionamiento partidario:
- Falta de asignación del fondo partidario por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
- Multas pendientes que alcanzan los 56.000 dólares.
- Bloqueo de las cuentas bancarias personales del presidente y del secretario ejecutivo de la tienda política.
- Existencia de una causa abierta en Fiscalía por presunta falsificación de firmas.
Los trabajadores se suman a la jornada
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) confirmó su respaldo a la jornada de protesta a través de su vocero, Edwin Bedoya, quien afirmó que las declaraciones son insuficientes ante el actual panorama nacional.
«Nos uniremos y convocaremos a nuestras bases para que participen con las consignas que hemos planteado: la defensa de la democracia frente a la criminalización y judicialización de la protesta social, y el rechazo a la privatización», aseguró Bedoya.
Polarización y acaparamiento: el costo de ser oposición
Para el analista político Alfredo Espinosa, los partidos políticos en Ecuador enfrentan directamente los costos de actuar en el tablero electoral, siendo la Revolución Ciudadana la que asimila el mayor impacto institucional por su fuerza en las urnas.
Espinosa sostiene que el régimen de Noboa aprovecha la polarización para proyectar una imagen de poder y administrar las expectativas del electorado anticorreísta, un segmento sin liderazgo unificado pero alineado contra el expresidente Rafael Correa.
La ausencia de una oposición programática de fondo
De acuerdo con la lectura de Espinosa, el escenario nacional no cuenta con una oposición formal, sino con competidores en pugna por el control estatal:
- Contendientes sin propuesta de ruptura: Las fuerzas políticas buscan administrar el orden vigente establecido desde la Constitución de 2008 y no transformar la arquitectura del Estado.
- Discurso versus programa: La confrontación se reduce a narrativas y polarización discursiva, sin un proyecto programático o un nuevo pacto social que plantee alternativas frente al modelo actual.
- El papel de la Revolución Ciudadana: Aunque posee base social y electoral, el correísmo se enfoca en una retórica de victimización frente a la traición antes que en una autocrítica sobre los errores y excesos de su administración.
Las claves del escenario político
- Sustitución de resultados en seguridad: Al no registrarse la aprehensión de grandes capos ni la desarticulación efectiva de bandas en la Costa, el Gobierno ocupa esos espacios con golpes mediáticos y judiciales dirigidos contra figuras políticas como Luisa González, Jorge Glas o José Serrano.
- Temor y autocensura partidista: Existe cautela y temor entre diversas agrupaciones a manifestarse públicamente, ante la sospecha de convertirse en los siguientes objetivos de las instituciones de control del Estado.
- Falta de articulación y solidaridad: Persiste una escasa solidaridad orgánica entre las tiendas políticas frente a la detención de González, lo que evidencia la fragmentación opositora.
- El reto estratégico de la movilización: La oposición no debe plantear la protesta como una defensa personal de Luisa González o del correísmo (fórmula que ya fracasó en el caso Glas), sino articular el reclamo en torno a la defensa de las libertades democráticas, los principios constitucionales y la denuncia del acaparamiento de poder.