A tres días de haberse posesionado la nueva Asamblea Nacional, el presidente Daniel Noboa remitió su primer proyecto de ley: Se trata de la ‘Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno‘.
Este proyecto de ley está calificado como urgente en materia económica. Con esta designación, los legisladores tienen un plazo máximo de 30 días para debatir y pronunciarse sobre la propuesta.
El proyecto, enviado por el Mandatario, este viernes 17 de mayo del 2025, propone reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a otros cuerpos legales.
El objetivo de cortar los flujos financieros ilícitos que alimentan a los grupos armados organizados que operan en Ecuador en el marco del actual conflicto armado interno.
En el texto enviado a la Asamblea se menciona que » la ley tiene por objeto establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a establecer un marco jurídico nacional aplicable para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno, así como, proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas».
Además, menciona que esta normativa tiene como finalidad «interrumpir los flujos económicos ilícitos que alimentan y sostienen a las organizaciones armadas organizadas, mediante la implementación de un conjunto coordinado de instrumentos y mecanismos que permitan su neutralización efectiva».
Estas son las principales propuestas de este proyecto de Ley:
Reconocimiento oficial del conflicto armado interno
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el reconocimiento oficial del conflicto armado interno, el cual deberá ser sustentado mediante un Decreto Ejecutivo.
El Decreto Ejecutivo deberá identificar a los grupos armados organizados que participan en el conflicto armado interno y podrá disponer las medidas económicas y financieras necesarias para afrontar el conflicto y desarticular las economías criminales.
En este proyecto de ley se reconocen los siguiente grupos armados organizados, que gestionan economías criminales:
- Grupos armados organizados
- Grupos paramilitares
- Grupos guerrilleros
- Autodefensas
- Otros grupos que cumplan con los elementos o requisitos establecidos en el Reglamento
El reconocimiento oficial de un conflicto armado interno faculta al Presidente a implementar un régimen específico de medidas para combatirlo.
Bloque de Seguridad
La propuesta también plantea definir al Bloque de Seguridad, una entidad liderada por el Presidente o su delegado. Esta instancia se encargaría de la coordinación operativa para planificar, ejecutar y supervisar las acciones militares y de seguridad.
Las atribuciones que tendría el Presidente o su delegado dentro del Bloque de Seguridad serían las siguientes:
1. Determinar medidas económicas y financieras que se consideren necesarias para desarticular las economías criminales.
2. Disponer la recolección de información de inteligencia y de los subsistemas que lo conforman para anticipar movimientos de grupos armados organizados, prevenir ataques y proteger a la población civil. Para este efecto, toda entidad pública y privada estará obligada a proporcionar la información que le sea requerida, bajo apercibimiento de incurrir en el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente.
3. Identificar las zonas de seguridad, para que sean declaradas directamente por el Presidente de la República.
4. Identificar y coordinar la implementación de medidas de seguridad física y cibernética para prevenir sabotajes y ataques a infraestructura esencial.
5. Desarrollar una estrategia de comunicación unificada para informar a la población sobre las acciones del Bloque de Seguridad, contrarrestar la influencia de grupos armados organizados y fomentar la confianza ciudadana.
6. Establecer controles fronterizos integrados y sistemas de vigilancia tecnológica. El Bloque de Seguridad podrá tomar el control de sistema de vigilancia de entidades públicas, con la finalidad de cumplir con su misión.
7. En los casos que corresponda, determinar las circunscripciones territoriales en las cuales se ha superado el conflicto, y son susceptibles de aplicación del régimen de transición al estado de paz.
8. Aprobar informes técnicos de inteligencia que justifiquen la expulsión de ciudadanos extranjeros, vinculados a grupos armados organizados o sus economías criminales, sin perjuicio de las acciones penales que precedan.
Endurecimiento de penas
El proyecto también busca reformas al Código Integral Penal para que se impongan penas más severas para quienes integren o lideren grupos armados organizados.
«Durante la existencia de un conflicto armado interno, las personas que participen directa o indirectamente de un grupo armado organizado (…) será sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años«, señala el documento remitido al Legislativo.
También detalla que «aquellas personas que ejerzan un rol de dirección, organización, planificación, financiamiento o cualquier forma que permita atribuir un grado de dominio sobre el grupo será sancionado con pena privativa de libertad de 26 a 30 años«.
Este proyecto de ley también propone lo siguiente:
- Establecer la autorización del uso de la fuerza de las fuerzas gubernamentales,
como régimen propio distinto a la ley del uso progresivo de la fuerza, para
precautelar el respaldo al accionar inmediato y oportuno de las fuerzas del orden.
Este régimen legal permitirá dejar de utilizar la figura de estado de excepción. - Se califica a los delincuentes como combatientes, distinguiéndoles de la población
civil; y permitiendo que las fuerzas de combate estatales actúen de inmediato para
neutralizar a estos grupos armados organizados. - El Presidente de la República en el conflicto armado interno podrá emitir Decretos
Ejecutivos específicos en el ámbito económico y de seguridad, la declaración de
zonas de seguridad que sean identificadas por el Bloque de Seguridad - El Presidente podrá anunciar la anticipación de indulto a miembros de las fuerzas
de combate estatal procesadas penalmente por hechos relacionados con el
conflicto, aún cuando se encuentre en etapa de investigación, instrucción o juicio. - Establece medidas de protección de la economía formal a través de: medidas de incentivo a la formalización, sostenibilidad fiscal en zonas críticas, recuperación de ingresos tributarios afectados por economías criminales y el régimen de transición de conflicto a estado de paz con apoyo complementario de Fuerzas Armadas.
- También incluye incrementar la rebaja del impuesto a la renta por el valor que el
contribuyente done a favor de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. - Como parte de la reconstrucción del tejido social por los efectos de las economías
criminales en conflicto armado interno, el Presidente de la República podrá, de
forma anual brindar un incentivo económico a los pequeños y medianos
productores del sector agro productivo, jóvenes y los actores de la economía
popular y solidaria, artesanos, emprendedores, negocios populares.
¿Qué alcances tiene la Ley de Economía criminal que propone el presidente Noboa?
Un amplio debate se ha dado en las últimas horas sobre a Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, que fue remitida desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Por un lado, hay ciudadanos que apoyan la norma debido a los altísimos índices de violencia criminal que se reportan en el país. Según documento, con base en datos oficiales de la Dirección de Estadísticas y Economía de la Seguridad (DEES) del Ministerio del Interior, entre enero y abril de los años 2022 a 2025, se evidencia una tendencia sostenida y alarmante en el incremento de homicidios intencionales, que responde en gran parte a una violencia de carácter estructural, organizada y letal.
En el año 2022 se registraron 4 886 homicidios intencionales. Esta cifra se incrementó a 8 248 en 2023, lo cual representa un aumento del 69% en apenas un año. Para el año 2024, se produjo una disminución a 7 033 homicidios, sin que ello implique una mejora estructural del fenómeno, puesto que la cifra sigue siendo dramáticamente superior a los promedios históricos del país. Para el año 2025, hasta el mes de abril, se han registrado 3 084 homicidios, lo que indica una posible estabilización, «aunque en niveles inaceptables para un Estado de paz, como históricamente ha sido el Ecuador», señala el proyecto de ley.
¿Qué más dice la norma? Habla sobre un régimen de transición al estado de paz. Es decir, cuando el conflicto armado interno, por su naturaleza y acciones desplegadas por los órganos de seguridad, haya sido superado en una o varias circunscripciones territoriales, en las mismas se aplicará un régimen de transición al estado de paz.
Se aplicará con el fin de precautelar la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y la reactivación económica.
También establece las zonas de seguridad que se aplicarán para precautelar la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y la reactivación económica. «Solo en caso de conflicto armado interno, el Presidente de la República declarará como zonas de seguridad, las que sean identificadas y puestas en su conocimiento por el Bloque de Seguridad, debidamente justificadas», dice el artículo 21 de la norma.
También aborda otros elementos que son considerados claves:Reconocer legalmente al Bloque de Seguridad.Regular los indultos a las fuerzas de seguridad.Endurecer la extinción de dominio.Reformar el COIP con penas de hasta 30 años para miembros de los grupos de delincuencia organizada (GDO’s).
Otro planteamiento es que los los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para el cumplimiento de sus acciones y operaciones en el marco de esta norma y el Derecho Internacional Humanitario, se encuentran excluidos de la normativa aplicable al régimen de paz, principalmente en lo relativo al uso legítimo y excepcional de la fuerza.
Las críticas del correísmo
La bancada correista del Parlamento reaccionó, casi de inmediato, luego de que el Ejecutivo remitiera, a la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno con la que se busca aislar los ingresos económicos de las mafias criminales en Ecuador.
Por ejemplo, la legisladora nacional Paola Cabezas escribió, en su cuenta de X, que el proyecto del presidente Noboa incluye medidas que generan dudas sobre constitucionalidad y el respeto al debido proceso. «La propuesta de allanamientos sin orden judicial es especialmente alarmante: abre la puerta a abusos institucionalizados y otorga más poder a la FGE».
Por otro lado, critica que los indultos “a la carta” para miembros de la Policía y Fuerzas Armadas generan preocupación: podrían garantizar impunidad en casos de violaciones a derechos humanos. «¿Es este el camino para proteger a los asesinos de los cuatro chicos de Las Malvinas? Además, ¿estas medidas cumplen con los requisitos para ser consideradas de urgencia económica? ¿Rebajas tributarias por donaciones a las Fuerzas del Orden abordan realmente las causas de la violencia?»
De su parte, Liliana Durán dijo que el proyecto del primer mandatario es un grave retroceso democrático. «Es todo, menos urgente… y mucho menos económica». Además, tiene estos vacíos:Normaliza la impunidad en violaciones de DD.HH.Confunde seguridad con derecho penal y tributario.Legaliza el clientelismo como política pública.Criminaliza la defensa de derechos.Otorga discrecionalidad tributaria sin límites.Viola principios constitucionales.No cumple criterios de urgencia económica.
Cristian Hernández expresó con la Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno se puede perseguir a quienes quiera. «No se necesita ser abogado para entender lo peligroso de esto Además, ya mintió cuando dijo que el 3% del IVA serviría para seguridad, pero cada día es peor».
Incluso el candidato vicepresidencial del correísmo comentó que no se cumplen con los requisitos constitucionales para una ley económica urgente.