El ministro del Interior, John Reimberg, hizo un balance inicial del toque de queda y pidió evaluar sus resultados al finalizar el periodo.
La medida se aplica de 23:00 a 05:00 en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
Señaló que en los primeros días se han cumplido objetivos y se han golpeado estructuras delictivas.
Según explicó, no es realista esperar cambios estructurales en quince días.
El ministro aseguró que durante las dos primeras jornadas del toque de queda “más de 500 personas” fueron detenidas por incumplir las restricciones de movilidad. Además, “más de 80 personas” corresponden a objetivos bajo seguimiento.
“En el toque de queda actual, en estos dos días ya tenemos más de 500 personas detenidas por irrespetar el toque de queda; sin embargo, tenemos más de 80 personas que son parte de quienes nosotros ya estábamos detrás de ellos y ya habían sido detenidos en las diferentes operaciones”; dijo.
Precisó que más de dos objetivos trazados ya han sido destruidos por parte del Bloque de Seguridad. “Es parte de lo que vamos a hacer en estos quince días”, reveló.
Y justificó las restricciones como una herramienta operativa. Indicó que la limitación de movilidad permite focalizar acciones y facilitar la captura de objetivos vinculados al crimen organizado.
Reimberg ratificó que los homicidios muestran una tendencia a la baja como efecto de las operaciones en marcha.
Según el ministro, el enfoque actual busca atacar las economías ilegales. “Tenemos que atacar lo que genera que estas estructuras existan, que es la economía criminal”, afirmó.
Mencionó acciones contra minería ilegal, narcotráfico y centros de acopio de droga, con incautaciones recientes de gran escala.
Sobre las sanciones, precisó que los infractores son puestos a órdenes de la justicia. Algunos permanecen detenidos, mientras otros recuperan la libertad según lo determine un juez.
En cuanto a la continuidad de la medida, sostuvo que el toque de queda responde a necesidades operativas. Dijo que se aplicará las veces que sea necesario para debilitar a los grupos delictivos.
“El país pide paz… y lo haremos las veces que lo tengamos que hacer”, sostuvo.
El ministro identificó a Los Choneros, Los Lobos y otros grupos como los afectados por las intervenciones. Afirmó que el golpe a sus finanzas provoca fragmentación interna.
Respecto al sector productivo, aseguró que ha mantenido diálogos. Señaló que la seguridad es una demanda de los propios empresarios y citó mejoras en zonas como Durán.
En seguridad, él destacó una reducción del 52 % en Durán. Aunque en El Oro las muertes violentas aumentaron un 75 %, esa situación la atribuyó a problemas estructurales y a la incidencia de extorsiones.
Indicó que se han reforzado operativos en esa provincia con más personal y presencia de mandos policiales. También cuestionó decisiones judiciales que han dejado en libertad a detenidos por delitos graves.
Sobre el desempeño nacional, aseguró que los índices de seguridad han bajado un 40 %.
Añadió que Guayaquil registra una reducción de “cerca del 48 al 50 %”, y que en abril cerró con “33 al 35 %”. Los Ríos y Manabí bajan entre “17 y 20 %”.
En contraste, El Oro tiene un incremento del 75 %, vinculado a extorsiones. Por ello, las acciones van enfocadas a esa localidad.
El ministro confirmó que el ministerio ha presentado más de veinte denuncias contra jueces y fiscales por presuntas irregularidades. Señaló que algunos ya enfrentan procesos y reiteró que se continuará con estas acciones.