A cinco meses de las elecciones seccionales, la Asamblea va con todo sobre alcaldes y prefectos. Con 85 votos, la mayoría legislativa aprobó iniciar una fiscalización de sus declaraciones patrimoniales. Dicen basarse en las últimas revelaciones de la prensa sobre estos registros presentados ante la Contraloría.
“Se analizaron las declaraciones de 225 alcaldes y 23 prefectos del país, identificándose 79 casos de variaciones patrimoniales relevantes”, señaló Fernando Jaramillo, asambleísta de ADN.
Y será la Comisión de Gobiernos Autónomos la que deberá presentar un informe sobre el tema en 90 días. Pero no fue lo único. Aprobaron la investigación de la Comisión de Relaciones Internacionales sobre la compra de los 60 trolebuses, realizada por el Municipio de Quito en 2025.
El oficialismo dice que si bien la Contraloría identificó un perjuicio para el Estado de 2.5 millones, eso no es todo.
“Estamos adjuntando una proforma del fabricante que demuestra que si se hubiera comprado directo al fabricante y sin este bypass, hubiese sido USD 6 millones más barato hacer esta compra”, señaló Xavier Ordoñez, legislador de ADN.
El correísmo defendió al alcalde Pabel Muñoz y destacó la compra, habló más bien de los beneficios para la ciudad y el ambiente. Cuestionaron la coincidencia de estas investigaciones con las elecciones de noviembre.
“Llenos de ineptitud, buscan separar con trampas, con mañosería y con persecución a quienes no pueden derrotar con dignidad en las urnas. Aquí buscarán cualquier pretexto para afectar a Pabel Muñoz”, apuntó Liliana Durán, asambleísta del Movimiento Revolución Ciudadana.
Y la crítica de la oposición fue la misma: la Asamblea no tiene la facultad de fiscalizar a los municipios y prefecturas. Para eso están los concejos, dicen.
“La Asamblea que no quiere fiscalizar al gobierno, que es su obligación por cierto, pero sí quiere fiscalizar a los GAD que no es competente”, remarcó el legislador socialcristiano Alfredo Serrano.
Y en las recomendaciones aprobadas por la Asamblea, se le pide precisamente al Concejo Metropolitano de Quito que fiscalice el tema. Concejo que, al contrario de la Asamblea, tiene mayoría cercana al correísmo.