El tribunal encargado de examinar el recurso constitucional decidió aplazar su pronunciamiento hasta contar con nueva documentación que considera necesaria para determinar si corresponde aceptar o rechazar la petición.
El juez ponente, Fabián Toscano, explicó que las partes involucradas deberán remitir la información requerida antes de que los magistrados puedan adoptar una decisión.
Mediante esta acción judicial, la excandidata de Revolución Ciudadana busca recuperar su libertad y continuar su defensa fuera de prisión, mientras avanza la investigación en su contra por el denominado caso Laberinto.
González permanece recluida desde el pasado 23 de octubre en la cárcel de Riobamba, provincia de Chimborazo, luego de que un juez ordenara su prisión preventiva dentro de un proceso por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de su campaña presidencial de 2023.
La defensa de la exasambleísta, encabezada por el abogado Diego Guarderas, sostiene que el encarcelamiento provisional fue dictado por una autoridad judicial que no tenía competencia para conocer el caso.
Luisa González denuncia persecución política
Durante la diligencia de este jueves, González intervino para rechazar las acusaciones en su contra y denunciar lo que considera una persecución política.
«Soy una perseguida política», manifestó la excandidata, quien aseguró que no ha intentado abandonar definitivamente Ecuador ni evadir las investigaciones judiciales.
Según su relato, durante los nueve meses posteriores al allanamiento de su vivienda realizó varios viajes internacionales, pero regresó al país en todas las ocasiones.
«Salí del país varias veces y siempre regresé», sostuvo González, quien también afirmó que nunca solicitó asilo político en embajadas o gobiernos extranjeros.
La exasambleísta cuestionó que sus antecedentes migratorios hayan sido utilizados como argumento para justificar la prisión preventiva.
Precisó que las 60 salidas del país mencionadas durante el proceso corresponden a un período de 18 años, por lo que rechazó que puedan interpretarse como indicios de una intención de fuga.
González también recalcó que es madre soltera y la principal responsable del cuidado de su hijo menor de edad, quien actualmente permanece bajo la atención de sus abuelos, y cuestionó al juez que ordenó su prisión preventiva, Henry Navarrete, por considerar que no se valoraron adecuadamente sus responsabilidades maternas.
Durante la audiencia, González insistió en que la investigación está vinculada con asuntos de financiamiento electoral y respaldó el argumento de su defensa sobre la supuesta falta de competencia del juez que ordenó el encarcelamiento.
¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Laberinto?
La Fiscalía General del Estado investiga un presunto esquema de lavado de activos relacionado con el origen y manejo de recursos utilizados durante la campaña presidencial de Revolución Ciudadana en 2023, cuando Luisa González fue candidata a la Presidencia.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, parte del financiamiento electoral habría provenido de recursos de origen ilícito, presuntamente canalizados mediante operaciones financieras y empresas relacionadas con los investigados.
Desde comienzos de año, el Ministerio Público investiga si la campaña presidencial del correísmo en 2023 recibió financiamiento irregular mediante dinero en efectivo presuntamente procedente de Venezuela. En el marco del denominado caso Laberinto, las indagaciones también buscan determinar si se utilizaron recursos de una empresa vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Por su parte, el abogado Diego Guarderas ha rechazado los señalamientos contra su defendida y sostiene que no existe un elemento que vincule directamente a González con la presunta estructura de lavado de activos descrita por la Fiscalía.