La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no dio paso a la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La votación se registró con cuatro votos a favor y seis abstenciones.
La moción fue presentada por la legisladora de la bancada de la Revolución Ciudadana, Ana Herrera. En la votación, los votos a favor fueron de los asambleístas Fricson George, Janeth Bustos y la propia Ana Herrera, todos integrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana.
La solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, surge a partir de cuestionamientos por contrataciones realizadas durante la emergencia energética decretada en el gobierno de Daniel Noboa. La iniciativa fue presentada por los asambleístas Blasco Luna y Lenín Barreto, de la Revolución Ciudadana, quienes señalan presuntas irregularidades en adjudicaciones vinculadas a la empresa Progen, caso que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado.
Los legisladores aseguran que estas contrataciones habrían provocado un perjuicio económico al Estado estimado entre USD 100 millones y USD 150 millones. Además, sostienen que se habrían autorizado pagos pese a alertas sobre posibles irregularidades en el proceso. Esta no es la primera acción de este tipo, ya que en 2025 un intento previo de juicio político fue archivado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Comisión de Fiscalización dice que es responsabilidad de la Fiscalía investigar el caso Progen
Después de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no diera paso a la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, en un comunicado de prensa se indicó que la investigación relacionada con la compra de generadores eléctricos con la empresa Progen, en la que presuntamente habría participado la exfuncionaria, es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, que deberá determinar las posibles responsabilidades penales, administrativas y civiles que existan.
Además, se enfatizó que se debe seguir la ruta del dinero pagado por el Gobierno ecuatoriano, con el fin de identificar a los beneficiarios, conocer cómo se movieron los recursos y establecer si existieron redes nacionales o internacionales detrás de estas operaciones.
El comunicado finalizó señalando que la fiscalización debe sustentarse en pruebas, documentos y hechos verificables, y que la prioridad no es construir culpables por presiones políticas, sino identificar a los responsables y garantizar que respondan ante la justicia.