La Fiscalía General del Estado (FGE) pidió este jueves 14 de mayo que se condene al expresidente Abdalá Bucaram, a su hijo Jacobo Bucaram y a otras dos personas por el delito de delincuencia organizada, por la presunta venta irregular de pruebas para detectar COVID-19 y otros insumos médicos en 2020.
En su alegato final, la FGE acusó a los procesados de «colaborar entre marzo y agosto de 2020 con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21 000 pruebas para la detección de COVID-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria».
Los peritos que rindieron testimonio en la audiencia de juicio coincidieron en que esta presunta organización movilizó bienes y servidores de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito para el traslado de las pruebas, según señaló la Fiscalía en un comunicado.
De acuerdo a la teoría fiscal, dos israelíes, uno de ellos asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario, quien «también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras».
El hijo del expresidente, Jacobo Bucaram, «pagó 321 600 dólares en efectivo por esta mercadería», de acuerdo al testimonio que dio el extranjero antes de ser asesinado y que fue citado por la Fiscalía.
Además, algunos de los implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) para movilizarse, según la investigación.
Las pruebas se comercializaban en varias provincias del país «sin facturas y sin pagar impuestos al Estado», de acuerdo al Ministerio Público.
En total, 50 personas, entre peritos y testigos, testificaron en este juicio, que inició el 11 de abril del año pasado, después de varios diferimientos registrados desde 2022 y está previsto que el tribunal anuncie su decisión en los próximos días.
El delito de delincuencia organizada se sanciona con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar con agravantes.
Otros dos agentes de tránsito, que eran escoltas de seguridad presidencial, ya fueron sentenciados por este caso y recibieron penas reducidas tras aceptar los hechos imputados.