Con 85 votos, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado o llamada ‘Ley Antimafias’, que hace reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), acumula e incrementa penas y crea nuevos delitos.
La normativa tiene 39 artículos reformatorios, cinco disposiciones transitorias y una final, y su objetivo es atacar a estructuras criminales, sus mecanismos de financiamiento, sus redes de colaboración, el control territorial, el ocultamiento patrimonial y la utilización ilícita de sectores estratégicos.
El proyecto busca ampliar las herramientas penales, económicas y judiciales del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales. La propuesta combina el endurecimiento de las penas con nuevas figuras para identificar a quienes sostienen estas estructuras, mecanismos de cooperación con la Fiscalía y disposiciones para recuperar y administrar los bienes vinculados con actividades ilícitas.
Los cambios que hace esta ley al COPI están relacionados con la incorporación de nuevas formas de participación en las estructuras delictivas, la extinción de dominio, el delito de hidrocarburos y sectores estratégicos como fuente de financiamiento criminal, el patrimonio ilícito, lavado de activos y administración de bienes, la integridad del sistema de justicia, la acumulación de penas por hasta el doble de los años de cárcel, para quienes cometan tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes.
El segundo debate de esta normativa, impulsada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, y tramitada en la Comisión de Seguridad, se desarrolló en la sesión 138 del pleno, este lunes, 9 de noviembre de 2026, y tuvo la intervención de 17 legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y aliados.
El debate arrancó con la intervención de la asambleísta Inés Alarcón (ADN), presidenta de la Comisión de Seguridad, quien enfatizó que la votación del proyecto de ley no debe considerarse como un cálculo político, sino que es, dijo, “la línea divisoria entre estar del lado del país o estar del lado de la gente que siembra la violencia criminal en las calles o del lado de las mafias”.
“La oposición del todo no —aquella que dejó entrar al narcotráfico con sus políticas fallidas y amigables con los narcos y a las mafia— hoy ha anunciado un informe de minoría. Que la gente sepa que este informe es la clara muestra y demostración de su complicidad con las mafias”, dijo y cuestionó al correísmo .
“¿A qué intereses responden? ¿De qué lado están? ¿Del lado de la patria o del lado de la mafia?“.
Por su parte, Mishel Mancheno (ADN) destacó los aspectos principales de la ley para luchar contra el crimen, su estructura y a las economías ilícitas; además, reconoció cooperación internacional, sobre todo de las autoridades italianas.
“Ley Antimafias busca enfrentar al cabecilla, al campanero que alerta cuando las autoridades están por entrar a los barrios, al transportista que mueve las armas, al que recluta a la gente; es decir, a toda la organización completa (…) esta lucha también tiene que llegar al dinero de las mafias, del crimen organizado, porque detrás de las amenazas, del amedrentamiento, hay propiedades, negocios, empresas, vehículos y maquinaria que ellos usan para seguir moviendo todas sus ganancias de carácter ilícito”, puntualizó.
Sobre los bienes del crimen organizado, Mancheno explicó que entre octubre de 2025 y noviembre de 2026, el Estado gastó $ 2.500.000 en empresas de seguridad para cuidar los bienes de los narcotraficantes. Desde mayo de 2025 a noviembre de 2026, destinó otros $ 68.000 dólares en contratar empresas de seguros para los bienes de los narcotraficantes. “Estamos hablando de aproximadamente $ 2.600.000 que todos nosotros pagamos por cuidar los bienes de la mafia”, dijo la presidenta del Parlamento y destacó que esta ley permite que esos bienes de la mafia, de los grupos de delincuencia organizada, sirvan temporalmente a la comunidad, a las organizaciones que tienen un fin social y, de ser el caso, que exista una venta anticipada dispuesta por un juez.
Alfredo Serrano, legislador del Partido Social Cristiano (PSC), también destacó la Ley Antimafias y sugirió que en la acumulación de penas, la norma podría cambiar para que se aplique desde el cometimiento del segundo delito y no desde el tercer delito. Esto, dijo el asambleísta, debería ser revisado en la Comisión de Justicia, que tramita reformas al COIP.
“No le podemos permitir a un violador de niñas que, aparte de que la viola, incluso la termina matando, tenga derecho a uno más para que le den solamente 40 años. Tendría que cometer la violación y el asesinato tres veces para que recién le den los 60 años. Yo creo que en eso, lamentablemente, se cometió un error y debió haber sido desde el segundo”, sostuvo Serrano y anticipó su voto a favor.
Para el debate, ningún legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) solicitó la palabra. Previo a la discusión en el pleno, en rueda de prensa, el correísmo anticipó su votación en contra y anunció la presentación de un proyecto de ley enfocado en desmontar economías ilícitas y combatir el crimen organizado. Los 61 asambleístas de la oposición votaron en contra.
La normativa aprobada en la legislatura pasará a conocimiento del presidente Daniel Noboa para su eventual veto o sanción.
Tras la aprobación de la Ley, en el salón plenario fueron condecorados la diputada, Chiara Colosimo, presidenta de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia, el Embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, y otras autoridades italianas.
En declaraciones a los medios de comunicación, Colosimo sostuvo que la Ley Antimafias no debe que tener colores políticos ni fronteras y tiene, dijo, “encontrarnos unidos para luchar contra la delincuencia organizada”.
La diputada italiana agradeció a la justicia y a la Policía Nacional ecuatoriana por permitir la contribución de Italia en la lucha contra el crimen organizado transnacional y añadió que este combate requiere de la cooperación judicial y legislativa internacional.
De su lado, el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, enfatizó que este día quedará en la historia como el día en el que el Estado ecuatoriano empezó a reaccionar contra la barbarie y recordó a las víctimas de la mafia italiana y las víctimas que deja el crimen organizado en Ecuador.
¿Qué plantea la Ley Antimafias?
Sanción a colaboradores del crimen
Entre las figuras propuestas está la colaboración externa, que permitirá sancionar a personas que no forman parte directamente de una organización criminal, pero que aportan conocimientos o recursos para facilitar sus actividades ilícitas. Esto incluye a quienes proporcionen asesoramiento técnico, contable, financiero o tecnológico, entreguen información o documentos, o aporten dinero y activos financieros de manera ocasional.
Para estas conductas se plantea una pena de entre 10 y 13 años de prisión. Sin embargo, cuando la organización tenga como finalidad cometer delitos considerados de especial gravedad, como narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, delitos sexuales contra niños y adolescentes, tráfico de armas o lavado de activos, la sanción aumentará de 19 a 22 años.
La propuesta establece una aclaración: la prestación legítima de servicios profesionales y el ejercicio de la defensa técnica no constituirán, por sí solos, colaboración externa. Es decir, para aplicar esta figura deberá demostrarse que la asistencia se proporcionó conscientemente para facilitar las actividades ilícitas.
Otra figura es la pertenencia funcional, que busca identificar a personas que cumplen tareas operativas para mantener en funcionamiento una estructura criminal, aunque no participen directamente en la ejecución de los delitos.
Entre las actividades contempladas están la vigilancia, el control de accesos, las alertas, las comunicaciones, la movilización de integrantes y recursos, el abastecimiento logístico y la protección de rutas.
Para estas conductas se establecen penas de 13 a 16 años de cárcel. Cuando la organización esté vinculada con delitos graves, como narcotráfico, terrorismo, sicariato, minería ilegal o lavado de activos, la sanción aumentará de 22 a 26 años.
El proyecto también precisa que los vínculos familiares, afectivos, vecinales, laborales, profesionales o comerciales con integrantes de una organización criminal no serán suficientes para determinar la existencia de pertenencia funcional. La Fiscalía deberá demostrar que existió una integración consciente y estable o reiterada a la estructura delictiva.
A estas disposiciones se suma un nuevo delito relacionado con la captación de personas adultas.
La reforma plantea penas de 10 a 13 años para quienes recluten, incorporen o entrenen a mayores de 18 años con conocimiento de que serán utilizados para cometer delitos en beneficio de una organización criminal. La sanción aumentará de 13 a 16 años cuando se aproveche una relación de autoridad, cuidado, confianza o subordinación para conseguir su incorporación.
El proyecto también establece sanciones para quienes faciliten inmuebles, instalaciones, vehículos u otros recursos materiales a organizaciones criminales, cuando conozcan que serán utilizados para sostener sus operaciones o cometer delitos. La pena será de 10 a 13 años y aumentará de 13 a 16 años si estos espacios o medios sirven para almacenar armas, explosivos, drogas, maquinaria destinada a la minería ilegal, bienes de origen ilícito o mantener personas retenidas contra su voluntad.
Acumulación de penas de hasta 60 años
Otro de los cambios más relevantes es la posibilidad de ampliar el límite de las penas privativas de libertad en Ecuador, que actualmente es de 40 años, hasta un máximo de 60 años.
La reforma plantea modificar los artículos 20, 55 y 59 del COIP para establecer un régimen excepcional de acumulación de penas. Esta disposición se aplicará cuando una persona sea condenada por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, siempre que la suma de las penas individuales supere los 40 años.
En esos casos, las condenas podrán acumularse hasta alcanzar el doble de la pena más grave, sin exceder el límite de 60 años de prisión. Para los demás casos de acumulación de delitos se mantendrá el máximo de 40 años.
La iniciativa también modifica las sanciones por delincuencia organizada. El proyecto define esta infracción como la conformación de un grupo de tres o más personas que actúa de manera coordinada y durante cierto tiempo para cometer delitos sancionados con más de cinco años de prisión, con el propósito de obtener beneficios económicos o materiales.
Quienes constituyan estas organizaciones o formen parte de ellas podrán recibir penas de entre 22 y 26 años. En cambio, quienes ejerzan funciones de dirección, mando, control, coordinación estratégica o planificación, así como quienes financien de manera permanente o reiterada sus actividades, enfrentarán condenas de entre 26 y 30 años.
Las sanciones serán mayores cuando las organizaciones tengan como finalidad cometer delitos de especial gravedad. En estos casos, los integrantes podrán recibir entre 26 y 30 años de cárcel, mientras que sus dirigentes y financistas enfrentarán penas de 30 a 34 años.
Tráfico ilegal de combustibles
El proyecto también busca combatir el robo, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos y sus derivados. Para ello, plantea reformar el artículo 264 del COIP e incorporar sanciones diferenciadas según la cantidad de combustible involucrada.
Las penas se dividirán en cuatro escalas: de uno a tres años de prisión para los casos de menor cantidad; de tres a cinco años para la escala mediana; de cinco a siete años para la alta y de siete a diez años para la gran escala.
Las sanciones alcanzarán a quienes almacenen, transporten, envasen, comercialicen, distribuyan o refinen ilegalmente hidrocarburos, derivados de petróleo, gas natural, gas licuado de petróleo y biocombustibles.
La propuesta contempla penas máximas dentro de cada escala para quienes utilicen vehículos, tanqueros, contenedores o depósitos modificados sin autorización para facilitar estas actividades. Además, si el tráfico ilegal de combustibles tiene como finalidad financiar o facilitar las operaciones de grupos de delincuencia organizada, la sanción máxima aumentará en un tercio.
Para las personas jurídicas involucradas en estas infracciones se plantean multas de entre 500 y 1.000 salarios básicos unificados. El monto se determinará considerando la cantidad de combustible involucrada, el daño ocasionado, el beneficio económico obtenido y la capacidad financiera de la empresa. La disolución de una compañía se reservará para los casos en los que se demuestre que fue constituida con la finalidad de cometer estos delitos.
El proyecto establece una excepción para el almacenamiento de combustibles destinado exclusivamente a actividades de transporte en territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, así como en comunidades afroecuatorianas y montuvias donde no existan mecanismos accesibles de abastecimiento.
Desplazamiento forzado
La iniciativa también incorpora dos nuevos delitos relacionados con las consecuencias de la violencia de las organizaciones criminales sobre la población: el desplazamiento interno forzado y el confinamiento forzado.
El desplazamiento interno forzado tendrá una pena de siete a diez años de prisión. Esta infracción se configurará cuando integrantes de grupos criminales obliguen a personas o comunidades a abandonar sus viviendas o lugares de residencia mediante amenazas, intimidación, violencia o coacción. La sanción también alcanzará a quienes impidan u obstaculicen el retorno de las víctimas a sus hogares, barrios o comunidades.
Por otra parte, el confinamiento forzado tendrá una pena de cinco a siete años. Se aplicará cuando integrantes de organizaciones criminales restrinjan la movilidad de dos o más habitantes mediante amenazas, violencia o intimidación, por ejemplo, al imponer controles en accesos, vías o zonas de tránsito y obligarlos a permanecer en un territorio contra su voluntad.
Cooperación eficaz
Otro mecanismo que plantea el proyecto es la cooperación eficaz reforzada. Esta figura busca incentivar a personas investigadas o procesadas por delincuencia organizada para que entreguen información que permita identificar y capturar a los principales integrantes de estas estructuras, recuperar sus bienes y activos o desarticular sus operaciones.
Quienes colaboren voluntariamente con la Fiscalía y proporcionen información precisa, verificable y relevante podrán acceder a una reducción de su condena. La pena podría establecerse desde el 7 % del mínimo previsto para el delito, aunque nunca será inferior a un año de prisión.
Para obtener este beneficio, la información deberá contribuir de manera determinante a la captura de personas que ejerzan funciones de dirección, financiamiento o mando, a la recuperación de bienes vinculados con las organizaciones o a la prevención de delitos graves.
El acuerdo deberá constar por escrito y ser verificado por un juez, quien determinará la reducción de la pena de acuerdo con la importancia y efectividad de la información entregada.
Los integrantes que hayan ocupado cargos de dirección o mando tendrán condiciones más estrictas para acceder al beneficio: deberán aportar información que permita identificar o capturar a otros responsables de igual o mayor jerarquía, o contribuir directamente a desarticular la organización. La reducción de penas no se aplicará a condenas por delitos contra la vida ni por delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes.
Protección a jueces y sanciones para profesionales
El proyecto también plantea sanciones para abogados y contadores que utilicen sus conocimientos profesionales para cometer, facilitar u ocultar delitos relacionados con organizaciones criminales. Quienes sean condenados por delincuencia organizada, lavado de activos, cohecho, concusión, tráfico de influencias, asociación ilícita, fraude procesal, obstrucción de la justicia, testaferrismo o enriquecimiento ilícito podrán ser inhabilitados para ejercer su profesión.
Esta medida deberá ser dispuesta por un juez mediante sentencia motivada y empezará a cumplirse una vez que la persona termine su condena de prisión. La inhabilitación no podrá ser inferior al tiempo mínimo de la pena prevista para el delito cometido. La propuesta aclara que no se sancionará el ejercicio legítimo de la defensa técnica ni la prestación legal de servicios jurídicos o contables.
En paralelo, se busca reforzar la seguridad de los jueces que conocen causas relacionadas con delincuencia organizada. Cuando una evaluación de riesgo determine que un magistrado está amenazado por los procesos que tramita, se podrán restringir públicamente sus datos de ubicación, contacto e información biométrica. La protección también podrá extenderse a los datos de sus familiares cuando exista un riesgo para su seguridad. Sin embargo, las partes procesales conservarán el derecho a conocer la identidad, el cargo y las competencias del juez.
Incautación de bienes
La recuperación de los recursos económicos de las organizaciones criminales es otro de los ejes de la propuesta. El proyecto establece nuevas reglas para identificar, localizar, incautar, administrar y recuperar bienes relacionados con actividades ilícitas.
Entre los cambios se incorpora el comiso penal obligatorio de vehículos, maquinaria, equipos, contenedores, tanqueros, plataformas, depósitos y otros bienes utilizados para cometer delitos contra la actividad hidrocarburífera. La medida deberá ser dispuesta por un juez y respetará los derechos de terceros de buena fe.
Además, se plantea que los bienes incautados no pasen automáticamente a formar parte del patrimonio del Estado. Mientras se resuelve su situación jurídica, permanecerán bajo custodia de la entidad pública encargada de su administración. Estos bienes serán inembargables e imprescriptibles durante el tiempo que mantengan su condición de incautados.
La propuesta también permitirá que determinados bienes sean entregados temporalmente a instituciones públicas y organizaciones privadas sin fines de lucro, mediante convenios de uso. Esto se aplicará cuando puedan destinarse a actividades sociales, comunitarias, productivas, educativas, sanitarias, culturales o ambientales. Las entidades que los reciban deberán garantizar su mantenimiento, conservación y posterior restitución.
Otra novedad es la posibilidad de vender anticipadamente los bienes incautados cuando exista riesgo de deterioro, depreciación o pérdida significativa de valor, o cuando los costos de conservación sean desproporcionados.
El dinero obtenido permanecerá depositado y sujeto al resultado del proceso judicial. Si se ordena la devolución, el propietario recibirá el monto correspondiente y los rendimientos financieros generados, con el descuento de los gastos justificados de custodia y conservación.
Finalmente, se establecen procedimientos para los bienes que no sean reclamados. Si transcurren 90 días desde la incautación sin que se identifique al propietario o este no comparezca a demostrar sus derechos, se publicarán tres avisos en un medio de comunicación de alcance nacional. Si nadie reclama el bien durante los 30 días posteriores a la última publicación, un juez podrá autorizar su venta anticipada, siempre que se cumplan los requisitos legales.