La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados en la Asamblea enviaron al archivo, este 31 de julio de 2026, el juicio político planteado por el correísmo en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano.
La moción fue aprobada con los votos de 81 legisladores de ADN y sus aliados, mientras que la oposición política alcanzó 58 en contra de informe que proponía el archivo del juicio político.
El juicio fue planteado por los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenin Barreto. El correísmo acusaba a Manzano de presunto incumplimiento de funciones en la contratación de generadores eléctricos a la empresa Austral Technical Management (ATM)
Pero la propuesta llegó al Pleno en desventaja. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dominada por Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, elaboró un informe recomendando el archivo de la causa.
Existiría una «insuficiencia probatoria que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política», señalaba una de las conclusiones del informe analizado este viernes 31 de julio de 2026.
Previo a la instalación de la sesión, el correísta Lenin Barreto dijo que todo estaba listo para que ADN intente ‘salvar’ a Manzano y evite la interpelación. Guardaba la esperanza que legisladores de Pachakutik, Partido Social Cristiano (PSC) y los independientes voten en contra del archivo.
Para aprobar o negar el informe de la Comisión de Fiscalización se necesitaba mayoría simple. Es decir, la mitad más uno de los votos de los asambleístas que estén presentes en la sesión. Estuvieron en la votación 135 legisladores.
«Esperemos a los ‘supuestos asambleístas independientes’ para ver que tan independientes son», dijo Barreto en relación a los legisladores que sin ser de ADN votan con la bancada del oficialismo.
Al respecto, el legislador independiente Juan Gonzaga había señalado que en esta ocasión estaría en contra del archivo, por considerar que la Asamblea y el país requiere tener más información sobre los contratos falidos en plena crisis eléctrica de 2024.
Una extensa lectura del informe
Una vez instalada la sesión, el presidente de la Asamblea, Esteban Torres, autorizó para que un funcionario apoye al secretario del Legislativo en la lectura de «extenso» informe elaborado por la Comisión de Fiscalización.
El documento tenía 94 páginas y en sus conclusiones, la mayoría oficialista en esa mesa legislativa calificó como «inconexos» los argumentos presentados por los denunciantes durante la etapa de práctica de pruebas.
Señaló que gran parte de las pruebas se basan en notas de prensa, publicaciones en las redes sociales y transcripciones de audios que no tendrían peritaje de autenticidad ni cadena de custodia que garanticen no haber sido alterados.
«Quedó plenamente acreditado que el desembolso del 60% del contrato ATM fue procesado por la Unidad de Negocio Electroguayas a las 16h39 del 09 de octubre de 2024, horas antes de que el encargo ministerial de la procesada se registrara en el Sistema Minka», decía el documento.
Otro factor que influyó en la decisión de ADN y sus aliados fue la falta de los testimonios propuestos por la parte acusadora. No acudieron el ministro Roberto Luque, el exministro de Energía, Antonio Gonçalves, ni el exgerente de Celec, Fabián Calero.
ADN a favor del archivo, el correísmo en contra
Luego de casi tres horas de lectura del informe, Torres abrió el debate con la advertencia de que, al tratarse de una moción, cada legislador tenía no más de cinco minutos para hablar en el debate.
El primero en tomar la palabra fue Luigi García de ADN quien aseguró que la Comisión de Fiscalización ha llevado todo este proceso de forma pública y transparente, por lo que la ciudadanía sería testigo de cómo se lo ha llevado.
García cuestionó las pruebas presentadas por los correístas y dijo que parte del trabajo de pedir información para sustentar el juicio le tocó asumir a la mesa legislativa. Pese a todos esos esfuerzos, no se habría encontrado una vinculación causal para seguir con el juicio.
El exPachakutik, José Nango, que ahora es aliado del gobierno, reconoció que el país vivió una crisis eléctrica en 2024 y que el pedido de archivo no debe significar que el caso ATM se cierre y no se investigue a los responsables.
Sin embargo, dijo que ha quedado claro que en la serie de irregularidades que se cometieron durante esa contratación de los generadores eléctricos con ATM, la exministra Manzano no tuvo nada que ver y que los interpelantes no pudieron demostrar nada. Nango propuso la moción de aprobar el archivo.
El correísta Lenin Barreto cuestionó que porque el nombre de Inés Manzano no aparece en ninguno de los contratos firmados se diga desde el oficialismo que no tuvo ninguna responsabilidad política.
Calificó como «fraudulenta» la contratación de ATM y dijo que hubo una serie de alertas e incumplimientos, pese a lo cual ningún funcionario de alto nivel hizo nada, entre ellos Manzano.
Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), consideró que la exministra de Energía sí tuvo responsabilidad política y detalló una serie de eventos y alertas que se dieron en torno a este contrato, pese a lo cual, Manzano no habría detenido el proceso y más bien lo habría impulsado.
«Concluir que no ha habido responsabilidad política sería manchar mi conciencia y no podría dormir en paz (…) yo no presidente, no pienso manchar mi conciencia, estoy en contra de que se archive y quiero que continúe el juicio político»
Alfredo Serrano, asambleísta del PSC