El expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, y su hijo, Jacobo Bucaram, fueron sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión por el delito de delincuencia organizada, relacionado con la venta irregular de pruebas para detectar covid-19 y otros insumos médicos en 2020.
El tribunal determinó la culpabilidad de ambos en calidad de colaboradores. Además, la justicia ordenó el pago de 20 salarios básicos unificados, es decir, USD 9 640.
Mientras tanto, Leandro Berrones fue sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión, en calidad de autor directo del delito. Por su parte, el ciudadano israelí Sheinman Oren fue condenado a dos años y 8 meses de cárcel, al ser considerado cooperador eficaz.
La lectura de la sentencia finalmente se concretó al séptimo intento, este miércoles 9 de septiembre, luego de seis audiencias que no pudieron instalarse.
El expresidente participó en la diligencia de manera telemática desde la Clínica Borja, ubicada en la ciudadela Kennedy Norte, en Guayaquil. La casa de salud permanece bajo resguardo policial.
Bucaram siguió la audiencia desde una camilla y conectado a un respirador. Estuvo acompañado por agentes de la Policía Nacional, sus abogados y familiares, entre ellos su esposa, María Rosa Pulley.
Jacobo Bucaram también participó de manera telemática.
Un caso de seis años
La Fiscalía General del Estado (FGE) había acusado a los Bucaram, Berrones y Oren de «colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21 000 pruebas para la detección de covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria».
De acuerdo con las investigaciones, dos israelíes, uno de ellos asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario, quien «también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras».
Jacobo Bucaram «pagó 321 600 dólares en efectivo por esta mercadería», de acuerdo al testimonio que dio el extranjero antes de ser asesinado y que fue citado por la Fiscalía durante el juicio.
La FGE también señaló que algunos de los implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) para movilizarse.
En total, cincuenta personas, entre peritos y testigos, testificaron en este juicio, que inició el 11 de abril del año pasado, después de varios diferimientos registrados desde 2022.
Otros dos agentes de tránsito, que eran escoltas de seguridad presidencial, ya fueron sentenciados por este caso y recibieron penas reducidas tras aceptar los hechos imputados.
Bucaram apelará la sentencia
El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz anunció que apelará la condena a más de nueve años de prisión por delincuencia organizada en el caso «Pruebas Covid-19» y adujo que «la sentencia está nulitada».
Tras el fallo emitido el 9 de septiembre de 2026, Bucaram cuestionó la actuación del juez ponente, a quien acusó de tener «odio» en su contra.
El exmandatario aseguró que cuenta con material que, según dijo, demostraría actuaciones del magistrado y anunció que lo presentará en una rueda de prensa este jueves.
«Es un día de gloria, de orgullo y de alegría para la familia Bucaram (…). En esto no tiene culpa de nada el gobierno», sostuvo, a su salida de la clínica, al asegurar que esperaba la sentencia para demostrar las supuestas nulidades del juicio que también incluye a su hijo Jacobo y otras dos personas.
El exmandatario también defendió los cambios de clínica que retrasaron la lectura de la sentencia por seis ocasiones, pues dijo que eran cercadas por policías y militares.
«Los cambios de hospitales son obvios, porque el poder judicial a presionado a los hospitales ,quitándome el derecho a atender mi salud con una grave crisis cardíaca», anotó en X.
A su vez, lanzó señalamientos contra sus adversarios políticos Guillermo Lasso y María Paula Romo.
Además de Bucaram y su hijo, condenados en calidad de colaboradores, también fueron sentenciados un exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito identificado como Leandro Berrones, quien recibió 13 años y cuatro meses de cárcel; mientras que el ciudadano israelí Sheinman Oren, dos años y ocho meses de prisión, porque colaboró con la justicia.