El Régimen dispuso a los secretarios del Estado no acudir al Legislativo. Según el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, la decisión se toma por la persecución y hostigamiento que enfrentan ante las repetidas convocatorias, que implicaban incluso a algunos Ministros el mismo día y en más de una mesa legislativa.
La bancada del oficialismo ratifica lo dicho por Torres y responsabilizan a la oposición.
«Les traen para complicarle la vida al Gobierno», manifestó Adrián Castro, quien vota con el oficialismo.
Las otras bancadas rechazan la decisión del Gobierno y defienden su facultad de fiscalizar.
Carlos Vera, legislador socialcristiano, recordó que si no asisten es causal para un juicio político.
La Asamblea aprobó la semana pasada una resolución que recomienda juicio político para cuatro ministros, precisamente por no acudir a una de las comisiones.
Pero para iniciar ese proceso se requiere que un asambleísta recoja 35 firmas y presente pruebas. Hasta ahora solo un legislador ha anunciado que presentará el pedido contra la ministra de Ambiente. Aún no lo hace. Contra los otros secretarios de Estado todavía nadie se decide.
Camilo Salinas, vocero del movimiento Construye, dijo este 13 de agosto que independientemente de lo que diga o disponga el presidente Noboa, seguirán convocando a los funcionarios públicos para que rindan cuentas.
Destacó que en esas comparecencias, muchas veces, se han encontrado soluciones a problemas en sectores como salud, por ejemplo, por lo que no se puede hablar que solo sirven para incomodar a los ministros, como insinuó Torres.
Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), lamentó que el Gobierno también diga que no enviará más proyectos de ley en lo que resta de este periodo. Dijo que eso abona aún más a la pugna Ejecutivo- Legislativo.
«No se trata de una persecución, se trata de cumplir con una de nuestras misiones como asambleístas que es pedir información para fiscalizar», aseguró la legisladora por Pachakutik, Mariana Yumbay.
A Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana, le preocupa esta declaración porque tiene previsto llamar a ministros y funcionarios del sector eléctrico para que expliquen el proceso de contratación de la barcaza turca.
«Siento que lo de la supuesta persecución es un pretexto para evadir responsabilidades en temas sensibles en los que la ciudadanía, no los asambleístas, exigen respuestas», aseveró Luna.