Entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de 2025, Ecuador enfrentó una paralización de 31 días. La medida gubernamental de eliminar el subsidio al diésel provocó movilizaciones sociales, concentradas principalmente en Imbabura y Pichincha, con cierres viales y fuertes enfrentamientos.
Las manifestaciones dejaron un saldo de tres personas fallecidas, decenas de heridos entre civiles y uniformados, y pérdidas económicas estimadas en USD 100 millones solo en Imbabura. La crisis obligó al Gobierno a decretar estados de excepción y trasladar temporalmente la sede del Ejecutivo de Quito a Latacunga.
Frente a las protestas y desmanes, el aparato judicial se activó. La Fiscalía General del Estado reportó la apertura de 166 expedientes penales derivados de las jornadas de movilizaciones.
A un año de los acontecimientos, los expedientes penales muestran un estancamiento procesal. La mayoría de las causas continúa bajo reserva en etapa de investigación previa sin procesados, contabilizando apenas 21 casos terminados y una sola sentencia condenatoria.
PRIMICIAS accedió a un reporte que refleja 166 investigaciones penales originadas durante las movilizaciones.
El informe de la Fiscalía señala que el 79,5% de estos casos, con 132 expedientes, continúa bajo reserva legal. Es decir, las investigaciones se mantienen en etapa previa, en la que los investigadores recaban indicios antes de formular cargos a los sospechosos.
Las causas concluidas suman 21, de las cuales solo una terminó con sentencia condenatoria: proceso por daño a bien ajeno en Pichincha. En nueve procesos se ratificó la inocencia de los procesados y en cinco los sospechosos fueron sobreseídos antes del juicio. Además, cinco casos fueron archivados y en uno la causa se extinguió.
Además de los 132 casos en investigación previa, solo 13 procesos continúan en trámite. En siete de estos ya se solicitó el archivo y solo resta la validación del juez. Además, hay cuatro con dictamen abstentivo, es decir, la Fiscalía no acusó y se espera un sobreseimiento.
Solo un caso por ataque o resistencia en Sucumbíos tiene un dictamen acusatorio que será debatido en la audiencia preparatoria de juicio. Y otro por paralización de un servicio público en Pichincha se mantiene en instrucción fiscal, es decir, en la etapa investigativa tras la formulación de cargos.
Justamente el delito de paralización de un servicio público, tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal, es la infracción con mayor cantidad de registros. Este delito, sancionado con penas de uno a tres años de cárcel, abarca 90 causas (54,2% del total).
El delito de daño a bien ajeno registra 15 investigaciones. Por su parte, las denuncias contra agentes de la fuerza pública por presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio suman 10 causas a escala nacional.
Mientras que las causas iniciadas por delitos cometidos en el contexto de la protesta incluyen 11 investigaciones por secuestro, nueve por instigación, seis por robo, cinco por terrorismo, cuatro por ataque o resistencia y tres por incitación a la discordia.
Geográficamente, Imbabura y Pichincha concentraron el 71% de las causas del país. Imbabura encabeza el listado con 76 expedientes judiciales, mientras que Pichincha contabiliza 42 investigaciones originadas durante el mes de movilización social.
El porcentaje restante se distribuye en otras provincias de la Sierra y Amazonía, destacando Carchi con 12 causas, Azuay con nueve y Loja con siete. Provincias como Cañar, Cotopaxi y Sucumbíos registran entre tres y cuatro procesos penales.
El ataque al cuartel policial de Otavalo y más casos
Los sucesos del 22 de septiembre de 2025 en Otavalo marcaron uno de los episodios más complejos del paro. Un grupo de manifestantes atacó las sedes del Comando de Policía y la Policía Judicial, dejando daños materiales cuantificados pericialmente en USD 134.460.
Tras las capturas iniciales, las autoridades del Ejecutivo afirmaron públicamente que dos extranjeros detenidos pertenecían a la banda ‘Tren de Aragua’. No obstante, en los partes policiales y las audiencias judiciales, la Fiscalía omitió cualquier mención a dicha organización.
La causa tramitada con el número 17U05-2025-00138 inició en Quito por terrorismo. La jueza Karol Zambrano dictó prisión preventiva para 12 de los 13 aprehendidos iniciales, mientras que a la procesada restante se le otorgaron medidas alternativas.
El 24 de octubre de 2025, un tribunal de apelación revocó la prisión preventiva para 11 comuneros. La decisión ocurrió tras un proceso de diálogo intercultural facilitado por el académico Aquiles Hervas y respaldado por dirigentes de la Conaie.
El 19 de noviembre de 2025, el fiscal Galeano Balcázar reformuló los cargos de terrorismo hacia los delitos de ataque o resistencia y daño a bien ajeno. En esa diligencia se vinculó a cinco personas más.
Al modificarse la figura penal, la jueza Zambrano se declaró incompetente por la materia y derivó el expediente a Otavalo. En esa jurisdicción, el juez Alcívar Tulcanazo dictó el sobreseimiento de los 18 procesados el 5 de junio de 2026 por falta de individualización.
Tras la impugnación de la Policía, la Corte Provincial de Imbabura revocó el sobreseimiento el 8 de septiembre de 2026. Los jueces llamaron a juicio a los 18 investigados y remitieron la causa al Tribunal de Garantías Penales. El juicio está pendiente.
En Otavalo, epicentro del paro, se siguieron otros casos. Estos procesos registran un patrón de detenciones en flagrancia que no derivaron en procesamiento. El 25 de septiembre de 2025, la jueza Dora Mosquera dispuso la libertad de Jhon R. y José Ch. por falta de indicios fiscales.
La misma situación ocurrió el 26 de septiembre de 2025 con Juan O., aprehendido con material pirotécnico en San Rafael. Pese a calificar la legalidad de la detención, la magistrada ordenó la libertad inmediata ante la negativa de la Fiscalía de formular cargos.
El 15 de octubre de 2025, cinco ciudadanos aprehendidos en el redondel del Colegio Otavalo quedaron libres tras la decisión fiscal de mantener la causa en investigación previa. El mismo día, el juez Alcívar Tulcanazo liberó a José Luis I. por la misma razón.
El ataque a la caravana presidencial en El Tambo
La tarde del 7 de octubre de 2025, la caravana del presidente Daniel Noboa sufrió un ataque en El Tambo, provincia de Cañar. Un grupo de manifestantes apedreó la comitiva, dejando ocho vehículos dañados y tres militares heridos.
Tras el incidente, la ministra Inés Manzano denunció el hecho por tentativa de asesinato alegando supuestos disparos, mientras el ministro John Reimberg anunció cargos por terrorismo contra cinco detenidos. Sin embargo, los informes policiales descartaron indicios balísticos.
La agente fiscal Martha Villamarín formuló el procedimiento por ataque o resistencia y daño a bien ajeno.
En la audiencia del 8 de octubre de 2025, la jueza Erika Álvarez declaró ilegal la aprehensión de los cinco comuneros. La magistrada comprobó la vulneración del debido proceso al mantenerse incomunicados a los ciudadanos sin la lectura inmediata de sus derechos. Luego la magistrada fue destituida.
La resolución judicial dispuso la libertad inmediata de los cinco investigados e impidió la formulación de cargos en flagrancia. Pese al rechazo del Ministerio del Interior, la causa retrocedió a la fase reservada de investigación previa.
Hasta el momento, el expediente continuaba en diligencias preliminares, incluyendo autorizaciones judiciales para la extracción de información digital de teléfonos incautados, mientras los órganos de control analizaban las actuaciones del procedimiento inicial.