El escándalo que envuelve a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ahora enfrenta a las bancadas de CREO y ADN, tras acusaciones de la asambleísta Jhajaira Urresta que involucran también al correísmo y al Partido Social Cristiano.
Todo empezó cuando la asambleísta Urresta, quien vota con la bancada oficialista ADN después de romper con la Revolución Ciudadana (RC), hizo una publicación en sus redes sociales, en la que acusa al correísmo, al expreisdente Guillermo Lasso, al PSC y a María Paula Romo de unirse para respaldar a Alexandra Villacís como posible reemplazo de Godoy en la Judicatura.
Tras esa publicación, el movimiento CREO reaccionó la noche del lunes 29 de diciembre, lanzando un dardo al actual Gobierno: «Su asesor es Fausto Jarrín. Ustedes pusieron a Mario Godoy. No desvíen la atención. Háganse cargo», dice el comunicado.
«El movimiento CREO, ni nadie relacionado con nuestro movimiento, tiene relación e injerencia en la Dra. Villacís», argumenta el movimiento político, que también recuerda que en el actual Gobierno hay varios funcionarios que fueron parte de la organización política fundada por Lasso, como los asambleístas Niels Olsen y Valentina Centeno, o la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.
CREO arremete contra Jarrín, quien se alejó de la Revolución Ciudadana y ahora es asesor del gobierno de Daniel Noboa: «Explíquenle al país qué injerencia tiene el señor Fausto Jarrín (ese sí, correísta hasta la médula) en su gobierno, en el Consejo de Participación Ciudadana y en el Consejo de la Judicatura».
La respuesta de ADN
En ese contexto, el movimiento oficialista ADN publicó un comunicado la mañana de este 30 de diciembre, que fue compartido por el presidente Daniel Noboa.
«Nos hicimos cargo del país que ustedes quisieron dejar morir», responde ADN, aunque en ninguna parte del comunicado menciona a CREO o alguna organización política.
«Hoy la impotencia los lleva a atacar sin parar a quienes asumieron la responsabilidad que ustedes, por débiles, decidieron evitar. En el caso de Godoy, es vocal de la función judicial, no ejecutiva», añade el movimiento de Gobierno.
