Días antes de dejar el cargo, la entonces ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, dijo que estaba en análisis subir el salario a los servidores públicos. Sin embargo, el tema pasó a segundo plano en el Gobierno.
El nuevo ministro del Trabajo, Harold Burbano, aseguró que si bien hay normativa para considerar una posible alza, el asunto ahora no es prioridad para el régimen.
“El Ministerio del Trabajo tiene ya una norma que puede generar las condiciones para discutir un posible aumento de sueldos en el sector público. Eso es algo que no es prioridad ahora para nosotros”, expuso Burbano en una entrevista para Teleamazonas, el pasado 25 de noviembre.
Recordó que su predecesora, mediante un acuerdo ministerial, equiparó los salarios de servidores que no recibían el básico, lo que sucedía principalmente en las juntas parroquiales.
Más adelante se podría discutir el aumento en el sector público, agregó Burbano, sin ahondar en el tema.
En lo que está concentrada la cartera de Estado es en el salario básico unificado del sector privado para 2026. “En estos momentos lo que nos interesa es que las familias que reciben por lo menos un salario básico tengan las condiciones de alcanzar la canasta básica vital”, señaló.
Las declaraciones de Burbano dejan claro que, al menos en el corto plazo, el Ejecutivo no elevará las remuneraciones del sector público.
En la proforma del Presupuesto General del Estado de 2026, que está en trámite en la Asamblea Nacional, se estima que el egreso en personal ascienda a $ 10.079 millones, lo que representa una leve disminución del 0,30 % frente a los $ 10.099 millones de la proforma de 2025.
El pasado 13 de noviembre, Ivonne Núñez, aún en funciones, manifestó tras un evento que el alza de los salarios a los servidores públicos sería de entre $ 40 y $ 250, dependiendo de cada caso. Y mencionó que el Ministerio del Trabajo había presentado un informe al de Economía y Finanzas.
Este Diario conoció que el reporte está en manos de Finanzas desde enero de 2025. El documento contiene cuatro propuestas, una surgió de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Consep) y las otras tres fueron elaboradas por el Ministerio del Trabajo.
El estudio consideró a un total de 337.699 servidores públicos a escala nacional, de los cuales 168.788 están bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), 165.472 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y 3.439 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público de Ecuador (Coescop).
En el informe, además, se incluyó un proyecto de acuerdo ministerial para reformar la escala salarial de 14 de los 22 grados del sector público si Finanzas daba el visto bueno con el dictamen presupuestario.
Se tomó en cuenta una de las tres propuestas estructuradas por la cartera del Trabajo.
El escenario sugerido para el aumento proponía que las remuneraciones de 14 grados del sector público se ajusten en el 4,41 %, que es equivalente al promedio de incremento que tuvo el salario básico unificado (SBU) entre 2012 y 2024.
Con base en esto, el servidor público de servicios 1, que está en el grado 1, pasaría de ganar $ 527 a $ 550, teniendo un incremento de $ 23,24.
La remuneración del servidor público 1, que está en el grado 7, pasaría de $ 817 a $ 853, con un aumento de $ 36,03.
En el caso del servidor público 8, en el grado 14, su sueldo subiría de $ 1.760 a $ 1.838, con un alza de $ 77,62.
Para las dos escalas más altas, que corresponden a los servidores públicos del 9 al 16, quienes están en los grados 15 y 22, no se planteaban incrementos, es decir, sus sueldos se mantendrían igual. Las remuneraciones de esos servidores van desde $ 2.034 hasta $ 4.500.
La propuesta elegida por la cartera del Trabajo para subir los sueldos implicaba una variación anual de $ 109 millones, según el escenario estudiado.