La Policía Nacional cuenta con un equipo de 2.000 de sus miembros que dan seguridad a autoridades del Estado y que podrán apoyar en la protección de los candidatos para la contienda electoral del 29 de noviembre.
Faltan 75 días para el día de las elecciones seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y, de acuerdo con el último reporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), están oficialmente calificadas 21.130 candidaturas, de más de 53.500 solicitudes de inscripción de candidatos planteados por los partidos, movimientos y alianzas políticas.
De estas, 699 son para la dignidad de alcaldías; 2.078 para las concejalías rurales; 2.814 para las concejalías urbanas; 924 concejalías urbanas por circunscripción; 91 binomios para prefectos y viceprefectos; y 14.524 para vocales de las juntas parroquiales.
El calendario para estos comicios fijó el 9 de noviembre como la fecha tope para tener el número total de candidatos que estarán en las papeletas, de los que la ciudadanía escogerá a 5.742 autoridades para el periodo 2027-2031.
Estos actores podrán solicitar acompañamiento de un equipo de protección de la Policía Nacional en el caso de que haya riesgo.
Desde el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, y de forma paralela la presencia de grupos de delincuencia organizada (GDO), se habilitó un mecanismo para dar protección.
El general Henry Tapia, delegado del comandante de la Policía Nacional ante la Mesa de Seguridad Electoral, detalló que actualmente existe una unidad de protección para los dignatarios que reportan un análisis de riesgo.
Según el oficial, este equipo realiza un análisis de riesgo de los dignatarios y se asigna el personal suficiente con la capacitación necesaria.
“En esta dirección contamos con 2.000 servidores que están dando protección a dignataios y tenemos el numérico suficiente para dar protección a los candidatos”, precisó el general.
Indicó que para activar este protocolo se requiere seguir un procedimiento en el que primero se hace una solicitud al Consejo Nacional Electoral y esto se transmite al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional.
Estas dos últimas instituciones realizan los análisis de riesgo para determinar el nivel de riesgo en la seguridad de los solicitantes.
Para esta actividad del proceso eleccionario, ni el CNE ni la Policía Nacional tienen un rubro específico asignado, por lo que los gastos de movilización y logística eventualmente los cubren los beneficiarios de la cápsula de seguridad.
En estos comicios, según Tapia, se desplegará a 57.000 efectivos en el país para resguardar áreas sensibles.
En junio pasado, el Ministerio del Interior y el CNE firmaron un convenio para que la Policía movilice a sus efectivos hacia áreas sensibles para dar seguridad externa. Entre ellas, las instalaciones en Quito, las delegaciones provinciales electorales, los Centros de Procesamiento Electoral (CPE), las bodegas electorales, los Centros de Digitalización de Actas (CDA), recintos electorales, Centro de Mando Electoral y demás instalaciones determinadas.
También realizarán inspecciones con la Unidad de Antinarcóticos y la Unidad Antiexplosivos a los paquetes electorales y kits técnicos para el voto en el exterior.
Se designará uniformados para que cumplan la función de recolectar los sobres amarillos en los que se resguardan las actas de escrutinio elaboradas por las juntas receptoras del voto y trasladarlos hasta los Centros de Digitalización de Actas para su escaneo.
Estas y otras actividades, como dar protección a los delegados de las misiones de observación electoral nacionales e internacionales, tendrá a su cargo la institución, para lo que el CNE destinará recursos.
Según consta en el convenio suscrito en julio pasado, el Consejo comprometió la asignación de $ 6′553.027, que “no son un pago por la prestación de servicios, sino la asignación necesaria para cubrir los gastos en los que ha de incurrir la Policía Nacional para la ejecución de las actividades del proceso”.