Las sesiones presenciales de la Asamblea Nacional se retomarán desde este 4 de octubre del 2021. Ese fue el anuncio que la presidenta, Guadalupe Llori (PK), hizo hace una semana. Sin embargo, el Parlamento todavía no está listo para que aquello ocurra: un elemento que se deberá sopesar es el presupuesto.
La decisión no es sencilla. De acuerdo con información proporcionada por una fuente del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) a este Diario, solamente para los tres meses que restan del año se requerirían USD 800 000 para poder cubrir los gastos.
¿El motivo? Los asambleístas, principalmente de provincias, reciben beneficios por vivienda en Quito, donde el Parlamento tiene su sede, movilización, boletos aéreos y viáticos; todo esto se dejó de pagar desde que el Parlamento se acogió hace más de un año y medio a las sesiones virtuales, por la pandemia del covid-19.
La entrega de estos beneficios está regulada en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Allí se precisa que “las remuneraciones, dietas, movilización, viáticos y demás emolumentos serán equivalentes a las de las otras funciones del Estado”.
Para vivienda, se contempla la entrega de tres remuneraciones básicas unificadas, es decir USD 1 200 cada mes. A esta compensación pueden acceder “los asambleístas cuya residencia habitual se encuentre a más de sesenta kilómetros a la redonda del Distrito Metropolitano de Quito”.
La norma añade que los asambleístas del exterior recibirán los emolumentos que por movilización a su circunscripción corresponda, con un incremento de al menos el 25% de los valores que reciban por este mismo concepto los asambleístas que residan en la provincia más distante.
Estos valores son adicionales a la remuneración mensual de cada asambleísta, que asciende a USD 4 759. Ellos también reciben planes de telefonía celular.