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Transportistas pesados responsabilizan a jueces de liberar a sospechosos de robos, asaltos y secuestros en las carreteras del país. Representantes de este sector exigen al Consejo de la Judicatura que sancione a los funcionarios que concedieron la libertad a los detenidos, a pesar de existir pruebas contundentes en su contra.
Uno de los transportistas afectados relató su experiencia: «Me subieron a una camioneta, me taparon la cara y me llevaron. Me golpearon, me sangraron y grabaron videos que enviaron a mis familiares», dijo mientras escondía su rostro por temor a represalias.
El transportista fue secuestrado hace un año cuando llevaba una carga de adoquines de Quito a Quevedo. Permaneció 12 horas atado y fue golpeado constantemente. «Cuando me iban a liberar, llevaban a dos personas más secuestradas, de dos camiones más», acotó. Este martes, junto a otros conductores, el chofer llegó a Quito para protestar por fallos judiciales que benefician a miembros de bandas que asaltan a camioneros.
Según sus representantes, algunos jueces liberan a delincuentes capturados en flagrancia. Presentaron cinco casos con seguimiento reciente, aunque estiman que el problema es generalizado, con una liberación aproximada del 80 % de los detenidos.
Fernando Ortiz es presidente de la Confederación Nacional de Transporte Pesado (Confietrape), advirtió: «Vemos cómo los grupos organizados están incidiendo sobre las decisiones de los operadores de justicia».
Según los transportistas, los ataques armados se concentran en el anillo vial de Quevedo, las vías de La Troncal (Cañar) y la carretera Babahoyo-Santo Domingo. En respuesta, han creado grupos de WhatsApp para alertarse entre ellos y compartir fotos y videos de las agresiones que enfrentan a diario en las carreteras.
Aunque las estadísticas indican una reducción de ataques desde que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas escoltan convoyes de camiones y establecieron islas de seguridad para descansar, los problemas persisten.
En agosto de 2023, se registraban 36 denuncias semanales, cifra que ha bajado a un promedio de 17 este mes. A pesar de la gravedad de la situación, los gremios aún no han presentado quejas formales ante el Consejo de la Judicatura, pero han solicitado públicamente una depuración en el sistema judicial para frenar la impunidad.