El 5 de julio, el Pleno aprobó un exhorto al Defensor del Pueblo para que constituya una comisión especial que investigue lo ocurrido desde el 13 de junio del 2022 en el marco del paro nacional.
El objetivo será “establecer la verdad, justicia y reparación para todas las posibles víctimas que muestran evidencias de eventuales vulneraciones a los derechos humanos y en consecuencia reconciliación nacional”, indica el texto impulsado por el correísmo.
El defensor del Pueblo, César Córdova, confirmó a EL COMERCIO que para esta instancia se contará con la cooperación de Naciones Unidas, y de universidades como la Central, de las Américas y Espíritu Santo de Guayaquil.
También serán invitados expertos de la sociedad civil como Luis Barrios y Billy Navarrete, del Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.
“Ya están cursadas las invitaciones. Estamos esperando en estos momentos la aceptación formal para que se instale la comisión especial a trabajar sobre los instrumentos que la Defensoría del Pueblo está en la capacidad de entregar de todo lo sucedido en las manifestaciones de junio 2022”.
Habrá plazo de 90 días para la entrega del informe. Según Córdova, empezará a operar esta semana.
Otra investigación se realiza en la Comisión legislativa de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo y asambleístas del ala radical de Pachakutik. Su presidente, Fernando Cabascango (PK), señaló que tienen de plazo hasta el viernes 12 para entregar el informe para resolución del Pleno.
La mesa parlamentaria tiene como misión investigar “las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyan infracciones y los acuerdos establecidos entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y sociales”, según la resolución del Pleno.
La investigación también abarcará las acusaciones del presidente Guillermo Lasso sobre un presunto financiamiento del narcotráfico al paro. En su comparecencia, la fiscal General, Diana Salazar, reveló que existen dos indagaciones previas al respecto.
Paola Cabezas (Unes) consideró como “graves” a las versiones del ministro del Interior, Patricio Carrillo, y del comandante de la Policía, Fausto Salinas, acerca de que no habría existido una orden expresa para la requisición de la Casa de la Cultura en el paro, y advirtió que esto podría causar “muchas dificultades” al Gobierno.