Se intensifica la precampaña

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas mantiene dos contratos activos por publicidad y otro que se tiene previsto firmar. El monto total es de USD 324 438. El más reciente (23 de agosto) tiene un costo de USD 38 179,15 y es para el posicionamiento institucional en redes sociales. Durará tres meses. La prefecta Johanna Núñez anunció su decisión de reelegirse para esa dignidad con el movimiento Revolución Ciudadana. Sobre si esto le da ventaja en la campaña electoral, se informó que no van al ritmo del calendario para las seccionales de 2023. 

32 de los 59 alcaldes de Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe irán a la reelección. La mayoría de ellos, en lo que va de este año, intensificó el trabajo. Uno de ellos es el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, quien confirmó su participación para las seccionales. En el primer semestre de 2022 contrató más de USD 600 000 en servicios publicitarios para la difusión de obras y servicios del Municipio, según el Portal de Compras Públicas.  

El artículo 278 de la norma electoral dice que la precampaña es una infracción grave. La sanción implica multas desde los 11 hasta los 20 salarios básicos, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde los seis meses hasta los dos años. 

En la práctica, según Pita, nadie ha sido sancionado por esta infracción. Eso porque, aunque se establece la sanción, no se describe el delito. Según el Vicepresidente, en el Código de la Democracia no hay una descripción del periodo que se considera precampaña. 

El Código de la Democracia categoriza a la precampaña como una infracción, pero el Consejo Nacional Electoral no tiene ni norma ni mecanismo para sancionarla. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, señala que hay un vacío legal en la normativa. 

La consejera del CNE, Elena Nájera, señala que es potestad del CNE el control del proselitismo a partir del inicio de la campaña. Eso, según el cronograma electoral, empezará el 3 de enero de 2023.  

La inscripción de candidaturas empezó el lunes 22 de agosto. Este proceso será hasta el 20 de septiembre de 2022. Desde ahí se iniciará el proceso de impugnación de las candidaturas. Pero la campaña empezó desde que los postulantes anunciaron su intención de buscar una dignidad en las seccionales de 2023. 

Quienes son autoridades y piensan en la reelección, antes del inicio de la campaña deben solicitar una licencia. Por el contrario, las figuras que ejercen un cargo, pero se candidatizarán para otro, deben renunciar al actual.El CNE emitió un comunicado el lunes 22 de agosto de 2022 en el que se informaba que las entidades públicas que necesiten difundir publicidad institucional en medios de comunicación tendrán que solicitar la autorización.

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