La vicepresidenta de la República, María José Pinto, pidió mantener abiertos los corredores humanitarios en las vías bloqueadas por las protestas indígenas. Señaló que esos pasos son necesarios para que los camiones con oxígeno lleguen hasta el hospital San Luis, en Otavalo, provincia de Imbabura, que se ha convertido en el epicentro del paro indígena contra el alza del diésel.
“Gente querida de Otavalo, les hablo desde el corazón: el Hospital San Luis se está quedando sin oxígeno. Allí hay bebés, niñas y niños, personas mayores y pacientes críticos que lo necesitan para vivir”, declaró Pinto en un mensaje dirigido a la población.
Gobierno advierte sobre impacto en los pacientes
El Ejecutivo explicó que los cortes en las principales vías de Imbabura han impedido el traslado de camiones al hospital San Luis. Esta situación, dijo, ha provocado una grave afectación a los pacientes que dependen del oxígeno.
El presidente Daniel Noboa decidió trasladar de manera temporal la sede de la Vicepresidencia a Otavalo. La ciudad se ha convertido en una de las más golpeadas por las manifestaciones, que ya cumplen diez días. Los manifestantes usan el cierre de carreteras como una de sus principales formas de presión.
El paro responde a la eliminación del subsidio al diésel. Con la medida, el precio del combustible subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros). Noboa tomó esta decisión dentro de su política económica.
Antecedentes de movilización indígena
El movimiento indígena ya encabezó protestas masivas en 2019 y 2022. En esas ocasiones, las manifestaciones obligaron a los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a revertir la eliminación de los subsidios a los combustibles. Ambos buscaban cumplir con las metas de ajuste fiscal acordadas en programas crediticios con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En este nuevo episodio, las protestas han dejado un saldo de un manifestante muerto y más de cincuenta heridos. Además, la Policía reportó más de cien detenidos, entre ellos una docena en prisión preventiva por imputaciones de terrorismo. Comunidades indígenas retuvieron también a diecisiete militares; cuatro de ellos ya recuperaron la libertad.