Perdió la custodia de su hijo por agresión

  • EL COMERCIO

La madre de Ambato que agredió a su hijo de dos años de edad en Quillán Loma Alto de la parroquia Izamba salió en libertad por estar embarazada, pero ya no tendrá la custodia del menor.

Esta agresión se registró este lunes 30 de enero del 2023 y fue calificada como una contravención.

La decisión la adoptó la Jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia durante la Audiencia de Procedimiento Expedito para juzgar una posible contravención de violencia intrafamiliar. Esta se cumplió hoy, martes 31 de enero del 2023, durante cinco horas.  

La Jueza también resolvió quitarle a la madre la custodia del menor y otorgó a la tía materna la custodia temporal. Además, prohibió que la madre se acerque al niño o viceversa.  

Resolvió prohibir que se realicen actos de persecución tanto a la tía como al menor de edad. También dispuso que el niño y su madre sean sometidos a tratamientos psicológicos.  

“Con esas medidas logramos precautelar la seguridad del menor de acuerdo a los hechos puestos en conocimiento de la jueza”, explicó Dennis Andrade, director de la Defensoría Público de Tungurahua y defensor de la procesada. 

La progenitora del infante fue puesta en libertad en cumplimiento al Artículo 34 de la Constitución que indica que: “no puede estar privada de su libertad, debido a su estado de gestación que se determinó a través de una prueba de sangre realizado por el Ministerio de Salud”.  

Afirmó que se cumplió el Artículo 624 del Código Orgánico Integral Penal que detalla que no podrá ser notificada la persona en estado de gestación; la resolución que puede tomar la jueza, sea en estado de culpabilidad o de inocencia.

Manifestó que la procesada deberá ser notificada 90 días después del parto, es decir, la jueza en ese tiempo deberá reanudar la audiencia donde dará a conocer la resolución ratificando el estado de culpabilidad o de inocencia. 

La custodia del menor quedó a cargo de la tía materna y estará bajo el control de la Dinapen, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, el Consejo Cantonal de Protección y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).