Otro revés para la Prefectura de Santo Domingo

Juez acepta acción de protección por discriminación a funcionaria

Un nuevo revés judicial sufrió la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas. Esta vez, el Juez de Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales, Ángel Pulluquitín, aceptó la demanda de acción de protección presentada por la analista de Participación Ciudadana, Fátima García García, por considerar que se vulneraron sus derechos a la igualdad y no discriminación.

La funcionaria, que labora en la Dirección de Planificación del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, venía desarrollando sus labores de manera normal en el cargo que ganó mediante concurso de méritos y oposición.

El 13 de mayo de 2021, ejerciendo su derecho a expresarse libremente, ella hizo un comentario en sus redes sociales sobre la vulneración de derechos a una concejala de La Concordia, lo que incomodó a autoridades del Municipio de ese Cantón. A partir de ese momento tuvo llamadas y solicitudes por parte de funcionarios de la Prefectura para que borrara ese comentario. Algo a lo que ella se negó.

Como no aceptó, habrían empezado las represalias. Pese a estar vinculada a la Dirección de Planificación, le dispusieron desde julio formar parte de una comisión de archivo, para levantar información de expedientes físicos. Pese a que esa delegación no reunía los requerimientos legales, se le obligó a desarrollar esas labores, primero a medio tiempo y desde el 22 de octubre a tiempo completo.

Dentro del proceso se presentaron pruebas (memorandos) sobre el empeño permanente en lograr que dejara de realizar las actividades propias en su dirección. Se determinó que por el objeto de la Comisión no se requería para esa labor de una analista, sino de asistentes y técnicos. Quedó claro que “comisionar a un servidor con perfil profesional sería pérdida para el Estado, considerando que este funcionario tiene un sueldo mayor”, según indica la sentencia.

Luego de escuchar ambas partes y valorar las pruebas, el Juez consideró “procedente la demanda de acción de protección presentada”, por haberse vulnerado el derecho a la igualdad formal y material, y no discriminación, establecido en el artículo 66 de la Constitución.

En su resolución, dictada el viernes 26 de septiembre, el Juez dispuso que como reparación integral lo siguiente:

1. Que se realicen los actos administrativos para que la funcionaria regrese formalmente y materialmente a su puesto de trabajo, observando que no se atente contra la estabilidad, funciones y remuneraciones de la servidora pública.

2. Que la sentencia se publique por el tiempo de tres meses en la página web oficial del GAD-Provincial de Santo Domingo y se obliga al Procurador Síndico a que por escrito pida las debidas disculpas a la funcionaria, haciendo alusión a que es una forma de reivindicar los esfuerzos nacionales cumpliendo estándares internacionales de eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, la misma que reposará en la carpeta de la servidora pública, para que estos hechos no le vuelvan ocurrir como forma de no repetición.

3. Se dispuso a la Prefecta realizar un curso “de eliminación de todas formas de violencia contra la mujer en el sector público”, que debe ser impartido a los servidores y funcionarios del Gad-Provincial SDT.

4. Se delega a la Defensoría del pueblo para que vigile y supervise el cumplimiento de lo resuelto por esta judicatura unipersonal.

mas detalles con el Dr. Victor Hugo Cañizarez, Abogado en libre ejercicio y patrocinador de la ofendida en el siguiente video:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.