Un grupo de niñas de uno, cinco, siete y 11 años de edad, eran alquiladas por USD 5 dólares diarios para vender chupetes y pedir limosnas en las calles, en la provincia de Pichincha. Las menores de edad eran víctimas de trabajo infantil, cuyas cifras incrementaron en los dos últimos años en Ecuador.
Por este caso, la Fiscalía procesó a cuatro implicados en el delito de trabajos forzados con fines de explotación laboral.
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En un comunicado emitido este lunes 21 de octubre de 2024, la Fiscalía informó que las niñas también eran víctimas de violencia física.
Llanto de bebé alertó a Policías
El llanto desconsolado de una bebé de un año alertó a Policías que se movilizaban por una esquina cercana al centro comercial San Luis, en Sangolquí.
La niña estaba en brazos de Enio José T. A., de 57 años, mientras vendían chupetes y pedían limosna.
El hombre no pudo justificar ningún parentesco con la bebé. En ese momento, José Luis S. G., alias ‘Gocho’, al notar la intervención policial, intentó retirarse disimuladamente del lugar con otras tres niñas que también estaban pidiendo limosna.
Disimuladamente, los agentes lo siguieron y observaron cómo ingresaba a una vivienda junto con las niñas.
Alquilaban a las niñas
En la casa rentera se encontraban dos mujeres: Yukeisi Lorena C. M., de 33 años, y Keyla Nazareth B. C., de 26, quienes afirmaron ser las madres de las cuatro niñas.
Explicaron que, debido a la falta de un trabajo estable, alquilaban a sus hijas por USD 5 diarios a los vecinos para que vendieran chupetes y pidieran limosna.
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El 19 de octubre de 2024, las cuatro personas fueron aprehendidas en delito flagrante, bajo sospecha de trata de personas con fines de explotación laboral.
Las niñas fueron trasladadas a casas de acogida en Quito, y la Embajada de Venezuela en Ecuador fue informada del caso.
Prisión preventiva
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, instalada la tarde del 20 de octubre de 2024, la Fiscalía relató los hechos y presentó elementos de convicción en contra de los procesados.
Al concluir la diligencia, el Juez ordenó prisión preventiva para los cuatro procesados y anunció la apertura de una instrucción fiscal de 30 días.
Este caso se procesa por el delito de trabajos forzados u otras formas de explotación laboral, tipificado en el artículo 105, segundo inciso, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).