Según el Plan Nacional de Desarrollo, la pandemia dejó más de 431 000 nuevos pobres; 196 000 pobres extremos y se perdieron 532 359 plazas de trabajo durante el 2020.
Con esta realidad que se ha extendido a este año, el gran reto ahora es depurar las listas de los usuarios de los subsidios sociales, como lo dispuso el presidente, Guillermo Lasso.
“Necesitamos depurar ese registro social, desechando todo tipo de clientelismo político, personalismo e interés partidista”, dijo el Mandatario, el 15 de septiembre pasado.
Esta tarea justamente estará a cargo del nuevo titular del MIES, Esteban Bernal, cuya hoja de vida destaca por su trayectoria política, como jefe de campaña del movimiento oficialista Creo en Azuay, exasambleísta de esa provincia; exgobernador.
Tras 11 días en el cargo, los criterios para esta depuración no se conocen. El área de Comunicación del MIES dijo que están en etapa de transición y las nuevas autoridades necesitan tener el conocimiento del accionar del Ministerio.
Quienes aún reciben el BDH y los que fueron suprimidos tienen expectativas de saber cuál será la nueva política gubernamental.
En los ocho primeros meses de este año se han devengado (pagado y comprometido a pagar) casi USD 230 millones, una cifra similar a la del 2020 y para 2021 se ha presupuestado en la proforma casi USD 500 millones.
El número de usuarios del Joaquín Gallegos Lara se incrementó en 4%, entre enero y agosto del 2020-2021. Dentro de la proforma presupuestaria se fijaron USD 95 millones anuales para cubrir a las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
El MIES tienen una caracterización del hogar de los usuarios de bonos sociales. En el BDH, por ejemplo, se registró que el 44,8% de los beneficiarios hasta el 2018 quemaban la basura que producían y que un 41,9% no daban tratamiento al agua en el hogar y la consumían como llegaba del grifo.