Ley de Seguridad Integral fue entregada a la Asamblea

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, entregó la noche del martes 25 de enero del 2022 a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Seguridad Integral, con el que el Gobierno busca lograr cambios que permitan combatir la inseguridad en el país, dar garantías para el accionar de los policías, permitir la intervención de las Fuerzas Armadas y mejorar el control en los centros de detención.

La ministra informó que la propuesta de ley contendrá cinco ejes:

En cuanto al uso progresivo de la fuerza, Roberto Andrade, asesor jurídico de la Presidencia de la República, informó que la propuesta del Gobierno busca la creación de un cuerpo legal unificado que cubra a militares y policías, pues actualmente existe un vacío en este aspecto.

Sobre las reformas al COIP, el Gobierno plantea establecer límites al uso de la prisión preventiva, para disminuir el hacinamiento en las cárceles; además de la creación de un subtipo de delito relacionado con el terrorismo, con el que se planea sancionar a las bandas delictivas que protagonizan amotinamientos en los centros de detención.

Además, el Gobierno también planea dar apoyo a los policías que, en cumplimiento de su deber, se ven involucrados en investigaciones en su contra. En este caso se trata de una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público para que se permita que el Estado contrate abogados que defiendan al uniformado.

Además, se busca el respaldo legal para que policías y militares trabajen de forma conjunta en contra de las amenazas transnacionales que enfrenta el país, en este caso se tratará de una reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, pues actualmente cada institución tiene misiones establecidas que no pueden sobrepasarse.

La ministra de Gobierno solicitó que esta nueva propuesta de ley relacionada con la seguridad, a diferencia de otras cuatro sobre la misma temática presentadas anteriormente por el Régimen, sea tratada de forma ágil y oportuna, de ser posible, como si fuese una ley económica urgente, es decir que en 30 días se la debata y apruebe.