Inicialmente, esta diligencia estaba programada para la noche de este 30 de enero, desde las 20:30, sin embargo, este mismo día se notificó a las partes involucradas que se cambió para el 16 de febrero.
Abraham Aguirre, asesor legal y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), indicó que la diligencia se aplazó debido a versiones y testimonios anticipados que faltan de receptar por parte de Fiscalía.
En el ámbito judicial, la Fiscalía lleva adelante un proceso investigativo por desaparición forzada en contra de 16 militares que permanecen con prisión preventiva.
Por aquello, en la diligencia se contempla la asistencia de los 16 uniformados, junto con sus abogados, así como familiares de los cuatro menores desaparecidos, miembros del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, el fiscal encargado de la indagación y delegaciones de protección.
En días pasados, Fernando Bastias, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), expuso que en esta diligencia será vital el contraste de los testigos antes de la desaparición de los menores, uno de ellos que se mantiene dentro del Programa de Víctimas y Testigos, y otro que no acudió a dar su testimonio anticipado en días pasados.
El 8 de diciembre anterior, los cuatro menores: Ismael, de 15 años; Steven, de 11; Nehemías, de 15; y Josué, de 14, fueron abordados por una patrulla militar por una alerta de presunto robo en la avenida 25 de Julio, cerca de un centro comercial, y luego fueron llevados hacia Taura, situada en las afueras de Guayaquil, en el cantón Naranjal.
En esa localidad, según la versión del Gobierno, los menores fueron dejados y luego de ello se perdió su rastro hasta que el 24 de diciembre se hallaron los cuerpos incinerados en el río Taura, y el 31 se confirmó que los cadáveres correspondían a los menores.
Familiares también esperan que avancen las indagaciones para determinar quiénes están detrás de estos crímenes.