EFE
La Corte Provincial de Justicia de Azuay, rechazó este martes 10 de mayo de 2022 que sus recientes decisiones de traslado de presos de la cárcel de Cuenca hayan propiciado la matanza de 44 presos el lunes en un enfrentamiento entre bandas rivales en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas.
En un comunicado, la presidenta de la Corte, Alexandra Vallejo, afirmó que los jueces y juezas no son responsables de la crisis carcelaria de Ecuador, que acumula más de 400 presos muertos desde 2020 en enfrentamientos entre bandas rivales que disputan el control interno de los centros penitenciarios.
Vallejo recordó que la seguridad de las cárceles es responsabilidad únicamente del SNAI, el organismo estatal encargado de administrar y custodiar las prisiones, al que acusó de haber perdido el control de los mismos y permitir el ingreso de armas letales con las que se perpetran las matanzas.
En ese sentido, la jueza detalló que la Corte de Azuay recibió 123 solicitudes de habeas corpus de presos recluidos en la cárcel de Cuenca, después de que esta fuese escenario el 3 de abril de la primera gran matanza de este 2022 en las prisiones de Ecuador, donde murieron 20 reos y al menos otros 10 quedaron heridos.
“Ante las masacres que se vienen perpetrando, es lógico el temor que las personas privadas de libertad tienen de ser la próxima víctima, y en algunos casos ya han sido amenazados“, señaló la jueza en un comunicado.
Esto contradice lo afirmado en la mañana de este martes por Ramírez, quien atribuyó la matanza de la cárcel de Santo Domingo a los numerosos habeas corpus concedidos en las últimas semanas a presos de la cárcel de Azuay para ser trasladados a esta prisión.
En declaraciones al canal Teleamazonas, Ramírez aseguró que la Justicia concedió el traslado de la cárcel de Cuenca a la de Santo Domingo a 124 reclusos que lo solicitaron tras la matanza del 3 de abril.
El director del SNAI aseveró también que estas decisiones judiciales dificultan la gobernanza de las prisiones al realizarse sin el aval de los informes de seguridad de su organismo, y sin tener en cuenta criterios como el nivel de peligrosidad del preso, el hacinamiento, los recursos humanos y logísticos y la infraestructura.