Extorsión mediante llamadas y WhatsApp

A inicios de este año varios comunicadores sociales denunciaron formalmente y a través de sus redes sociales haber sido víctimas de intento de extorsiones. Uno de ellos comentó que lo llamaron de parte de la banda de Los Choneros, grupo delictivo relacionado con carteles internacionales del narcotráfico.

Ana (nombre protegido) recibió esta semana una llamada con fines extorsivos supuestamente de parte de alias Fito y alias Junior, dos de los líderes de Los Choneros.

Este último también es identificado como cabecilla de Los Águilas, célula que se desprendió de Los Choneros, pero que es su aliada en la disputa contra Los Lobos y Los Tiguerones por el control de las cárceles y lucha por territorio en las calles para la distribución de drogas.

La extorsión es un delito que se canaliza a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o de WhatsApp.

En otras ocasiones quienes llaman a amenazar o intimidar a sus interlocutores se hacen pasar como miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o de cualquier otra organización relacionada con actividades ilícitas.

Muchas de esas llamadas provienen desde los centros carcelarios del país e incluso desde el extranjero.

Según cifras policiales, en el 2021 hubo 1.628 casos de extorsión digital, una estadística mayor a la registrada en 2019 y 2020.

“Somos de la organización de Los Choneros, creo que yo que usted ha logrado oír o escuchar de nosotros, parte de nuestro movimiento”. Es así como suelen empezar quienes llaman a personas para supuestamente advertirlas de que su vida corre peligro y le piden un aporte económico a cambio de protección o de no hacerles daño.

El fiscal Édgar Escobar refiere que lo primero es denunciar el hecho ante la Fiscalía, en el edificio La Merced, ubicado en Córdova y Víctor Manuel Rendón, donde hay atención de 08:00 a 17:00.

En el Cuartel Modelo (avenida de las Américas) está la Fiscalía de flagrancia, que atiende las 24 horas, los siete días de la semana.

“Se ha vuelto común este tipo de llamadas, porque las personas muchas veces tienen miedo a denunciar, pero tienen la obligación, obviamente, de acercarse a la Fiscalía y poner una denuncia para que la Fiscalía pueda intervenir y actuar inmediatamente en coordinación con la Policía Nacional”, expresa el funcionario.

Las investigaciones previas por este delito pueden durar hasta un año. Y durante ese lapso las personas amenazadas o intimidadas pueden pedir a la Fiscalía que se las ingrese al Programa de Víctimas y Testigos.

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