La colocación de nuevas becas universitarias está en riesgo por el recorte presupuestario del Gobierno a ocho universidades privadas del Ecuador. Para este período estos centros ofertaron a la Senescyt 3 158 cupos, porque tenían adelantada la planificación, pero ahora deberán conseguir los recursos por su cuenta.
En agosto del 2021, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) recomendó que se elimine el porcentaje del IVA que recibían las universidades cofinanciadas, y el Consejo de Educación Superior acogió esta recomendación.
El recorte fue de USD 12 millones que las universidades del Azuay (UDA), Católica del Ecuador (PUCE), Santiago de Guayaquil, Católica de Cuenca, Politécnica Salesiana, Vicente Rocafuerte, Técnica Particular de Loja y la Equinoccial utilizaban para financiar las becas académicas.
Estas ayudas están dirigidas a las distintas carreras, que se ofertan en el sistema de la Senescyt como parte de sus cupos disponibles. Para este período se ofertó 118 000 cupos y de estos, 3 158 corresponden a becas, cantidad igual a la del período lectivo anterior.
El estudiante de escasos recursos económicos que, por distintas razones, no alcanzó un cupo en las universidades públicas opta por ingresar a las privadas, aplicando alguno de los programas de becas académicas, parcial o total de la colegiatura.
Por ejemplo, a nivel nacional la PUCE tenía más de 2 000 estudiantes becados con fondos estatales. En el contexto de la pandemia otorgaron, al menos, una beca del 10% de los 19 888 estudiantes, con recursos propios. Araujo dice que, pese a la disminución sistemática de las asignaciones del Estado, los ocho centros cofinanciados resolvieron mantener las ayudas a los estudiantes en todas sus modalidades.
Es decir, cada centro garantiza que los estudiantes beneficiarios terminarán la carrera como becario. Eso le da tranquilidad a Sofía, quien cursa el tercer año en Administración de Empresas en la UDA y recibe una beca del 50% de su colegiatura.
No obstante, Araujo aclara que la eliminación de recursos del Estado deteriora la liquidez de las universidades y que difícilmente la política de becas podrá sostenerse a mediano plazo. La Senescyt dice que la Ley de Educación Superior obliga a las universidades a otorgar becas a jóvenes de escasos recursos.
Andrés Pauta, presidente de la Federación de Estudiantes de la UDA, también avizora problemas. Él dice que, si bien el rector se comprometió en seguir financiando estos programas, no será sostenible en el tiempo.
A la larga eso podría generar déficit de recursos y las autoridades verse obligadas a reducir o suspender los programas, explica Pauta. “Eso afecta a la clase social más pobre, porque no tienen otras formas de costear los estudios superiores”.
Las autoridades de ocho universidades trabajan en una propuesta conjunta para conseguir nuevas asignaciones, que será presentada a la Senescyt.