Según el proceso dispuesto por la Constitución argentina para designar jueces de la Corte Suprema, el presidente se los propone al Senado y éste los aprueba con dos tercios de la cámara o los rechaza.
Pero basándose en el argumento de que la cámara alta ha venido dilatando el tratamiento de sus pliegos y que la Corte necesita funcionar con sus cinco miembros, de los que hasta ahora tenía tres, Milei designó por decreto a sus postulantes, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. La decisión no está exenta de polémica.
Los senadores de la oposición peronista, que tienen el bloque más grande y del que depende la posibilidad de lograr la designación de los magistrados, rechazaron en un comunicado el nombramiento de los jueces por decreto.
Según ellos, el Poder Ejecutivo «intenta imponer de manera unilateral y discrecional a dos candidatos» que «presentan cuestionamientos de idoneidad y antecedentes que los hacen incompatibles” con la investidura de magistrados en el máximo tribunal del país».
Postulantes han sido denunciados por mal desempeño y falta de experiencia
Ariel Lijo ha tenido más de 30 denuncias por mal desempeño como juez federal y numerosas organizaciones de la sociedad civil cuestionan su idoneidad. Sobre Manuel García-Mansilla señalan su falta de experiencia judicial y sus posiciones ultraconservadoras.
La selección de los candidatos es cuestionada también por no incluir a una mujer.
La designación por decreto es algo que en principio permite hacer la Constitución durante el receso legislativo, que concluye el 1° de marzo. Se llama «nombramiento en comisión».
Ningún mandatario lo había hecho en la historia reciente del país. Lo intentó en 2015 el entonces presidente Mauricio Macri, pero por las resistencias que encontró finalmente la designación de dos jueces de la Corte se tramitó a través del Senado.
Por otro lado, el nombramiento en comisión implica que si al finalizar la legislatura de 2025 no son confirmados por el Senado deberán dejar sus puestos y la Corte volvería a quedar con tres miembros.