Con 82 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó el informe que da paso a una reforma parcial a la Constitución para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en Ecuador. Con ese trámite superado, los ecuatorianos irán a las urnas a votar en el corto plazo.
Ese referéndum pone sobre la mesa la posibilidad de que el Gobierno aproveche la coyuntura y el costo que representa el proceso electoral para incluir otras preguntas a la ciudadanía.
Los plazos del referéndum comienzan a correr
El oficialismo consiguió el respaldo de 82 asambleístas para aprobar la reforma parcial. 66 son parte de la bancada de ADN y a ellos se sumaron legisladores de Pachakutik, del Partido Social Cristiano (PSC) y de organizaciones políticas locales.
Una vez superado el procedimiento en la Asamblea, el trámite debe recibir un aval de la Corte Constitucional, ente que revisará si el anexo y los considerandos cumplen con los parámetros de constitucionalidad.
La propuesta del presidente Daniel Noboa, que modifica el artículo 5 de la Constitución, establece como pregunta del referéndum:
Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, y prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?
En la Ley de la Función Legislativa consta que, una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, «se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes».
Según el abogado constitucionalista José Chalco-Salgado, ese tiempo incluye los 20 días que tiene la Corte Constitucional para emitir un pronunciamiento, desde que el juez a cargo de ese trámite avoque conocimiento; y, al cabo de esos 45 días, el Mandatario deberá notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que convoque a referéndum, quien tiene a su vez 60 días para organizar el proceso electoral llamar a las urnas.
Eso significa que si se cumplen los plazos máximos, aproximadamente en cuatro meses, o sea entre septiembre y octubre de 2025, los ciudadanos volverán a sufragar.
¿Cabe incluir otras preguntas en este proceso electoral?
Elaborar un referéndum a escala nacional representa alrededor de USD 60 millones de dólares de las arcas del Estado, dinero que se utiliza para capacitaciones, pagos a miembros de las juntas receptoras del voto, material como biombos o plumas, asignación de recursos para la campaña, etc.
Debido al costo que representa, surge la duda de si el Presidente decidirá incluir otras preguntas, tomando en cuenta que en la campaña dijo que era necesario convocar a una Asamblea Constituyente.
Aunque nunca estuvo claro cuáles eran los cambios específicos que buscaba en la Constitución, habló de limitar los derechos de las personas privadas de la libertad, de reformas a la justicia, y de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Si el Gobierno insiste en esa idea, sería complejo que los plazos cuadren para que en este proceso electoral se consulte a la ciudadanía si está de acuerdo con instalar una Constituyente, pues es necesaria una doble revisión, por parte de la Corte Constitucional, que puede tardar hasta 45 días, luego corren 15 días para notificar al CNE y finalmente 60 para ir a las urnas.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, José De La Gasca dijo, el pasado 15 de mayo, que quizás ya no sea necesario hacer este trámite, tomando en cuenta la mayoría oficialista con la que ahora cuenta el Gobierno en la Asamblea.
Chalco-Salgado cree que el Legislativo actuó sin cálculo al aprobar la reforma de bases militares extranjeras porque no se impulsaron a la par otras propuestas que considera importantes, como eliminar el Cpccs y el Consejo de la Judicatura. «Hacer un único paquete de referéndum».
Lograr incluir esas reformas en este momento es prácticamente imposible, porque debe pasar por la Corte Constitucional y por la Asamblea Nacional. El trámite aprobado ayer tardó seis meses.
No obstante, el abogado constitucionalista André Benavides dice que el Ejecutivo podría incluir otras preguntas si son de plebiscito o de enmienda, es decir, preguntas que no sean normativas, que no alteren la Constitución o que no afecten a derechos.
La abogada constitucionalista Fernanda Parra recuerda que ambos trámites, es decir, el referéndum y otro mecanismo de democracia directa, deben tramitarse por separado y luego, el CNE, podría juntarlos en un mismo proceso, siempre que ambos lleguen a tiempo.