Corte Constitucional analiza Estado de Excepción

Bajo la causal de grave conmoción interna, el país lleva nueve de 60 días en estado de excepción.  La orden ejecutiva se fundamenta en “las circunstancias que han afectado gravemente los derechos de la ciudadanía debido al aumento en actividad delictiva”. Con esta medida, el presidente, Guillermo Lasso, movilizó a efectivos de las Fuerzas Armadas a nueve provincias, para complementar las funciones de la Policía Nacional.  

En esta semana se espera que la Corte Constitucional (CC) emita el dictamen de control al decreto 224, con el que se ordenó el estado de excepción.

Los magistrados deberán determinar si se cumplen los requisitos formales y materiales. En su pronunciamiento, el organismo pudiera emitir un dictamen favorable, modular algunos artículos, o declarar inconstitucional el decreto. 

El Gobierno sostiene que, el aumento de la actividad delictiva, se suscita como “retaliación hacia las acciones que ha emprendido el Estado para restablecer el control adecuado en el espacio aéreo de las provincias con perfil costanero y en el interior de los centros de privación de libertad”. 

El mayor cuestionamiento de la Alianza por los Derechos Humanos tiene que ver con la movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar en seguridad, que está a cargo de la Policía. “Las Fuerzas Armadas no tienen esa competencia y sus miembros reciben un entrenamiento de guerra. Es una preocupación que tenemos por las movilizaciones que se han anunciado”. 

Según la visión del ministro, Hernández, las FF.AA. deben ser lo más útiles posibles para el pueblo. Cree que su capacidad instalada puede servir en diferentes escenarios de emergencia nacional, como desastres naturales. Y dice que, en esas tareas, también entra la colaboración con la Policía, en el combate a la delincuencia.  

Pero este punto de vista no deja de generar debate. Para el constitucionalista, André Benavides, el estado de excepción podría ser observado por la fundamentación, pues el Gobierno incorporó en las consideraciones estadísticas nacionales relacionadas al incremento de la tasa de homicidios, pero se establecen medidas de ámbito provincial.  
Cree que “no es descabellado” pensar que la Corte eche abajo el estado de excepción, o que lo focalice en un ámbito provincial. 

Desde la Alianza por los Derechos Humanos se pide declarar su inconstitucionalidad. Sylvia Bonilla, una de las integrantes de la coalición, cuestiona el tiempo que ha tardado la Corte en pronunciarse. 

Esta agrupación considera que no se presentaron pruebas que confirmen una “correlación” entre el incremento de los homicidios intencionales y ciertas acciones que ha implementado el Ejecutivo, como se argumenta en el Decreto 224.

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