El expresidente ecuatoriano Rafael Correa mostró este miércoles su convencimiento de que Ecuador solo superará sus problemas con una victoria de la izquierda en las urnas, algo que querría apoyar viajando a su país ya que, según dijo en una entrevista con Efe, “el que tiene el capital político soy yo”.
“Con toda humildad pero objetivamente, el que tiene el capital político soy yo. Y una cosa es una elección con Correa en Ecuador y, otra, sin Correa en Ecuador”, consideró el exmandatario (2007-2017) tras conocerse que Bélgica le ha concedido el asilo.
Pese a que esa situación jurídica no le permite regresar puesto que – dice- si pone «un pie en Ecuador» le encarcelarían y no saldría «vivo de la cárcel», sí consideró que «de ninguna manera» lo aleja políticamente de su país.
“Es por el contrario un fuerte mensaje de que los corruptos siempre fueron ellos. Se ha perdido todo límite de escrúpulos en América Latina y, en particular, en Ecuador”, comentó, en referencia al actual Gobierno del centroderechista Guillermo Lasso.
Correa lamentó la “judicialización de la política” para “perseguir a los líderes progresistas” latinoamericanos, y tildó de “pura coincidencia” que el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de Bélgica le otorgara el estatus de refugiado en ese país, como consta en una carta fechada el 16 de abril, mientras que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ecuatoriana emitió el día 22 una nueva petición de extradición a ese país europeo, donde reside.
“Yo vine sin una infracción de tránsito a Bélgica con un 70 % de apoyo popular, la gente vino a despedirme a las calles. Pero cuando nos traiciona mi sucesor (en referencia al expresidente Lenin Moreno) y yo empiezo a oponerme a él, empiezan a lloverme juicios… tengo 48 o 49”, explicó a Efe.
Correa fue condenado a ocho años de prisión en Ecuador por cohecho en el caso «Sobornos 2012-2016», una trama de corrupción en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a diversas empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.
La solicitud de asilo se había puesto en marcha en 2018 tras iniciarse ese año en Ecuador un proceso legal que le relacionaba con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado «caso Balda”, de modo que el proceso había llevado años antes de resolverse finalmente este mes.
FUENTE: EL MERCURIO