Ante la polémica que generó la revelación de la compra de 22 vehículos nuevos por parte del Municipio de Quito, que serían destinados a los concejales de la ciudad, las autoridades respondieron por este hecho.
Los automóviles, que se encontraban estacionados y eran limpiados en el parqueadero del teatro Capitol, en el centro histórico, fueron objeto de atención pública debido a la falta de información y la aparente discreción con la que se manejó su entrega.
Según fuentes de la Administración General del Municipio, estos vehículos fueron adquiridos no solo para los concejales, sino para atender las necesidades de movilidad de las diferentes dependencias municipales.
Sin embargo, un funcionario señaló a este Diario que habían sido convocados los conductores de los concejales. Varios ediles aseguraron no haber sido informados sobre la adquisición de los autos y manifestaron su rechazo a recibirlos, argumentando que no existía un pedido o necesidad explícita por parte de ellos.
Christian Cruz, administrador general del Municipio, explicó en una rueda de prensa que la flota de 22 vehículos forma parte de un proceso de renovación vehicular necesario para asegurar la operatividad de la Administración municipal.
Según Cruz, de los 104 vehículos que componían la flota en octubre de 2023, 26 ya habían cumplido su vida útil y evidenciaban diversas fallas técnicas, lo que justificaba su reemplazo.
“Los vehículos adquiridos no son únicamente para los concejales; se redistribuirán según las necesidades de las diferentes secretarías, direcciones o agencias metropolitanas”, señaló Cruz.
“Nosotros tenemos que satisfacer las necesidades institucionales que existen para atender los requerimientos que tiene la ciudad, tanto en la parte urbana como rural. Nuestro trabajo es en territorio y no solo desde la oficina”, agregó en un comunicado del Municipio.
Cruz también informó que la compra de los 22 automotores tuvo un costo total de $ 479.600. Además, aclaró que la adquisición del vehículo para el uso del alcalde se realizó mediante un proceso aparte, basado en informes de seguridad de la Policía Nacional, que recomendaba un vehículo con ciertas especificaciones para garantizar su protección.
La revelación de esta adquisición ha generado diversas reacciones entre los concejales y la ciudadanía, que cuestiona la transparencia del proceso y la necesidad real de estos nuevos vehículos en un momento en que se enfrentan múltiples desafíos económicos en la capital.
La Administración municipal, por su parte, sostiene que la renovación de la flota vehicular es esencial para el desempeño de las labores en territorio y que todos los procesos de adquisición, aparentemente, se realizaron respetando las normativas vigentes.