El pleno de la Asamblea Nacional exhortó este miércoles al presidente Daniel Noboa a suspender “de manera inmediata” el proyecto para la construcción de una megacárcel en Archidona (Napo).
Con 95 votos a favor y 24 en contra, la Asamblea Nacional aprobó la resolución en la que pidió al mandatario y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) “suspender de manera inmediata” la ejecución del proyecto.
La decisión fue mocionada por Sandra Rueda (Construye), asambleísta por Napo, quien manifestó que 5.000 niños estarían en peligro por el lugar donde quieren construir la cárcel.
Rueda aseguró que el artículo 164 de la Constitución del Ecuador señala que el uso de suelo es competencia de los GAD municipales y que, de 300 personas privadas de libertad, se pretende aumentar la población carcelaria a 1.500. “No se ha socializado esta construcción, que afecta a la parte urbana de Archidona”, aseveró.
Por otro lado, la asambleísta Pierina Correa (Revolución Ciudadana) consideró que la construcción de esta cárcel es una falta de respeto a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que estudian allí.
Correa cuestionó —según dijo— la falta de estudios técnicos y los permisos necesarios para esa construcción. Dijo también que la Comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes fiscalizará el proceso, además de pedir la comparecencia de la ministra de Educación, Alegria Crespo, por este caso.
Sofía Sánchez (PSC), asambleísta por Azuay, indicó que no se cumple el objetivo para el que fueron creadas las cárceles de máxima seguridad. “En el Turi llegan criminales y no llegan solos, también hay redes fuera de la cárcel y esa es la gran preocupación”, enfatizó.
Desde hace una semana, pobladores Archidona han bloqueado vías con piedras, palos y neumáticos para expresar su rechazo a la construcción de la cárcel, que es parte del plan de Noboa para combatir el creciente crimen organizado.
Otra prisión de máxima seguridad está siendo edificada en Santa Elena, que tendrá capacidad para 800 reclusos y se sumará a las 36 que hay en el país.