Fusiles, pistolas, balas, silenciadores y hasta granadas ingresan a las cárceles por distintas vías. La Policía detectó un “perfeccionamiento” de las organizaciones delictivas para introducir el material a las prisiones del Ecuador.
Las últimas investigaciones de oficiales apuntan al uso de drones por parte de mafias que tienen el control de las cárceles. En las indagaciones se señala que las organizaciones reciben entrenamiento de carteles para abastecerse de armamento. Los agentes a cargo de custodiar las prisiones conocen que la utilización de los drones para introducir objetos prohibidos es algo que ya se hace en otros países como Colombia, Chile, Brasil o México.
En Ecuador el fenómeno es nuevo. Hay datos a partir de junio pasado. Desde ese mes se contabilizan ocho casos en los que se metió material prohibido usando estos dispositivos.
El Servicio de Rehabilitación Social (SNAI) confirmó el uso de una de estas aeronaves para lanzar bombas al techo de la cárcel Regional de Guayaquil. El hecho se registró el lunes.
Para evitar más sobre vuelos no autorizados las autoridades carcelarias buscan mejorar los cercos externos en las cárceles regionales de Guayas, Azuay y también en Cotopaxi.
Los agentes de la Policía que trabajan en la Unidad de Contingencia Penitenciaria, un grupo que colabora en el control externo, conocen otros métodos que las bandas usan. Por ejemplo, la Policía rastrea a miembros de las mafias que usan el río Daule para llegar en barcazas hasta las cercanías de la Penitenciaría del Litoral.
Lo hacen en las noches y madrugadas para evitar ser vistos. Luego avanzan hasta el cerco exterior y lanzan sacos de yute con las armas. Todo esto consta en informes que son parte de investigaciones. El coronel Fernando Vaca, quien está a cargo de Contingencia Penitenciaria, indica que ese método es conocido como el ‘bombazo’. Los internos y sus colaboradores en el exterior usan celulares para comunicarse y saber a qué hora y en dónde serán lanzados los paquetes.
En los exteriores de la Penitenciaría un hombre fue detenido el 29 de junio último. Los agentes también se incautaron de una escalera metálica y 18 bultos con armas, celulares, alcohol, cigarrillos y hasta una consola de juegos de video. 14 días después, otro hombre fue detenido con otro saco de yute en los exteriores de la cárcel. Ahí había armas y municiones.
Desde la Fiscalía también investigan si carteles mexicanos están atrás de este delito. Una de las hipótesis busca encontrar elementos para saber cómo las bandas reclutan funcionarios públicos que les sirven en sus objetivos.
En el país existen agentes penitenciarios, policías y militares que han sido detenidos en su intento por meter objetos prohibidos.
Fuente: El Comercio