Solo dos miembros del pleno del Consejo Nacional Electoral se presentaron a la sesión virtual convocada para este 21 de marzo de 2026, en la que se buscaba continuar con el proceso de cancelación que involucra al movimiento Construye y el partido Unidad Popular.
Como único punto del orden del día era poner en conocimiento y resolución de los informes técnicos jurídicos remitidos por la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política y Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.
La sesión ordinaria se convocó para las 17:00, pero solamente la presidente Diana Atamaint y el consejero José Merino estuvieron presentes.
La consejera Esthela Acero envió un documento excusándose, mientras que los consejeros Elena Nájera, Enrique Pita y José Cabrera no se presentaron, según constató el secretario Santiago Vallejo. La sesión se transmitió a través de Youtube.
“Al no contar con el quórum reglamentario no se instala la sesión y se volverá a convocar para tratar por obligación legal que corresponde resolver estos temas al pleno del CNE”, dijo Atamaint.
Esta sesión se produce luego de que, la noche del 20 de marzo, el pleno no lograra reunir los votos necesarios para avanzar en el proceso de cancelación de los mencionados movimientos.
Este rechazo a la cancelación de las organizaciones políticas se presenta en medio de la suspensión temporal del partido correísta Revolución Ciudadana, tras investigaciones de la Fiscalía por un presunto lavado de activos que se sospecha habrían llegado desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023.
De acuerdo con informes técnico-jurídicos del organismo, las agrupaciones Unidad Popular y Construye no alcanzarían el 50% de adherentes permanentes requerido para mantenerse en el registro electoral, tal como establece el artículo 327 del Código de la Democracia.
Asimismo, los informes recomiendan que se notifique a otras 14 organizaciones políticas que cumplieron con el 50% de afiliados registrados en el CNE.
Según los informes, el movimiento Construye no registra adherentes válidos en la actualidad. Mientras que Unidad Popular habría reducido significativamente su base de afiliados, hasta quedar por debajo del umbral legal.
Los informes apuntan un plazo de 10 días para que las organizaciones políticas presenten sus descargos antes de proceder con la cancelación.