La deuda de Ecuador con el Fondo ascendió a USD 348 por persona a julio pasado. En el 2019 eran solo de USD 80 por ecuatoriano. Con ello, el multilateral supera por segundo año consecutivo a China, según información del Ministerio de Economía.
La deuda con el FMI seguirá subiendo este año. A fines de septiembre, está previsto que el Directorio del ente apruebe el acuerdo técnico alcanzado con Ecuador a inicios de mes.
Con esa oficialización, el multilateral desembolsará este año USD 1 500 millones y se mantendrá como el principal acreedor de la deuda del país.
El exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, destaca que las condiciones crediticias del organismo son mejores que las que ofrece China.
Así, en el caso del FMI, la tasa de interés es menor al 3% y los plazos son a 10 años, con cuatro de gracia. En cambio, China pide tasas superiores al 7% y da plazos de cinco años o menos.
Otros expertos coinciden en las ventajas que ofrece el FMI, pero señalan su preocupación porque los
desembolsos están condicionados a la aplicación de un plan económico; sin embargo, las autoridades económicas han descartado que el FMI imponga medidas.
El ministro de Finanzas, Simón Cueva, indicó que la reciente renegociación del acuerdo que se anunció este mes fue positiva para el país, pues el país se comprometió a subir 700 millones en ingresos tributarios en el 2022, cuando inicialmente el Gobierno anterior ofreció 2 000 millones.
El Estado, en cambio, ofreció hacer un ajuste más fuerte al gasto público: USD 2 400 millones el próximo año.
Pero para el exministro de Economía Carlos de la Torre, el Gobierno debe ajustar su manejo económico a dichos condicionamientos para lograr obtener los recursos.
Ecuador tiene menos obligaciones con China. Hasta julio de este año, cada ecuatoriano debía USD 292 a ese país.
El Gobierno ha destinado los recursos del Fondo, y de otros multilaterales, principalmente a cubrir deudas y el déficit fiscal, es decir, pagar atrasos con distintos sectores, cubrir gastos de salud y más necesidades, afirmó Carrera.
Según De la Torre, el destino de estos recursos debía ser la reactivación económica y los programas de desarrollo.