La Fiscalía General del Estado llevará alrededor de 500 elementos de prueba a la audiencia de juicio del caso Metástasis, que ha sido convocada para este lunes, 21 de octubre del 2024, a las 08:30, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.
Son 150 testimonios de servidores policiales, funcionarios de instituciones financieras y ciudadanos; 72 comparecencias de peritos; 240 documentos públicos y privados; y seis testimonios anticipados de Marcelo Lasso, Mayra Salazar, Álex Palacios, Helive Angulo, Héctor Paredes y Lidia Sarabia, a través de los cuales la Fiscalía intentará demostrar que los acusados cometieron, ya sea como líderes o colaboradores, el delito de delincuencia organizada en una red que gestionaba fallos judiciales a favor del ahora fallecido narcotraficantes Leandro Norero, sus familiares y allegados.
Este proceso penal se inició en diciembre del 2023 y ha sido considerado de gran relevancia por la Fiscalía General. En ese entonces, la fiscal general, Diana Salazar, aseguraba: “El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado el Estado para a través del dinero mal habido operar en instancias políticas y judiciales y lograr impunidad en unos casos (…). Hoy el término narcopolítica en el Ecuador ha sido evidenciado, ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las estructuras de las instituciones para alcanzar sus objetivos”.
El pasado 7 de octubre, el juez nacional Manuel Cabrera llamó a juicio a 30 de 37 procesados en el caso. Cuatro de ellos: Fabián C., Cristian R., Xavier J. y Xavier N., fueron identificados como líderes de esta red, que tenían diferentes frentes de acción, como financiamiento, dirección y planificación.
El resto (26) de los procesados fueron señalados como colaboradores, que se encargaban de vigilar y seguir a la fiscal del caso de lavado de activos en el que estaba procesado el narcotraficante, proporcionar información sobre acciones policiales, facilitar la entrega de sobornos e incidir en la toma de decisiones judiciales para beneficiar a Norero, además de recuperar los bienes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Entre ellos están, por ejemplo, el expresidente de la Judicatura Wilman Terán y el exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) Pablo Ramírez, además de abogados en libre ejercicio, policías, fiscales y otros servidores judiciales.
Cabrera sobreseyó a siete acusados.
Para los procesados Ronny Aleaga, Fabián C., Cristian R., Xavier J., Marcel L., Ángel L. y Jairo V. está suspendida la etapa de juicio porque se encuentran prófugos de la justicia; igualmente para Armando F., quien se inscribió como candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PIB) y tiene inmunidad hasta la proclamación de resultados.
Aparte, en este caso ya fueron sentenciadas doce personas que se acogieron al procedimiento abreviado y a la cooperación eficaz.
Es decir que, en total, a esta diligencia llegarán 22 procesados.
La Procuraduría General del Estado y las defensas de los acusados también anunciaron que presentarán decenas de pruebas testimoniales, periciales y documentales en la audiencia; en muchos casos se repiten entre sí.
Por cuanto son varios procesados y algunos se encuentran privados de la libertad, así como por la abundancia de participantes en la diligencia, el Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Mercedes Caicedo y Marcos Rodríguez y el conjuez Pablo Loayza, solicitó al presidente de la Corte Nacional, José Suing, que se les refuerce su seguridad, que se gestione la presencia de paramédicos, médicos y ambulancias para que se pueda brindar atención a quien lo requiera de emergencia; que se determinen lugares para mantener la incomunicación de los testigos y espacios para que los sujetos procesales puedan comer y así no deban abandonar las instalaciones de la Corte; y que se coordine con personal del Departamento de Comunicación el manejo de medios con el fin de garantizar la publicidad del caso.
El Tribunal no ha establecido cuál será la duración de la diligencia.
El artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.