El asambleísta Santiago Díaz, investigado y denunciado por una presunta violación a una menor de 12 años, está envuelto en más polémicas. Este miércoles 9 de julio se conoció que el legilslador separado de la Revolución Ciudadana presentó un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP)
Según la documentación presentada en la Asamblea, Díaz entregó su propuesta de reforma el pasado 3 de julio de 2025 a la presidencia de la Asamblea, a cargo de Niels Olsen, de Acción Democrática Nacional (ADN).
Allí plantea una reforma a la normativa penal con respecto al consentimiento dado por la víctima menor a 18 años en delitos sexuales. En la normativa actual, el COIP califica como «irrelevante» el consentimiento que pudo dar una persona menor a los 18 años, a la hora de procesar delitos sexuales.
La propuesta de Díaz es que la edad para que un menor de edad pueda dar esta autorización sea de 14 años. Esto, con base a un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC), que considera que la disposición actual «no es compatible con los derechos de las y los adolescentes al libre desarrollo de la personalidad, a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, vida y orientación sexual, y a la privacidad».
El texto de la reforma se plantea de la siguiente manera: «En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de dieciocho años de edad es irrelevante, excepto en los casos de personas mayores de catorce años que se encuentren en capacidad de consentir en una relación sexual».
La propuesta que no ha sido aún conocida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) ingresó con las firmas de respaldo de 10 asambleístas de la bancada de Revolución Ciudadana.
10 legisladores correístas firmaron su proyecto.
10 asambleístas de la bancada de Revolución Ciudadana (RC) firmaron el proyecto de ley del legislador Santiago Díaz que buscaba reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el que se propuso endurecer la pena de femicidio, pero también que la edad de consentimiento sexual sea a partir de los 14 años.
El planteamiento fue ingresado el 3 de julio a la Secretaría de la Asamblea Nacional, cuatro días antes que Díaz fuese denunciado ante la Fiscalía General del Estado por una presunta violación a un menor de edad.
Christina Jácome, Franklin Samaniego, Roque Ordóñez, Arisdely Parrales, Diego Salas, Juan Pablo Molina, Patricia Núñez, Nanki Saant, Eustaquio Tuala y Ledy Zúñiga fueron los asambleístas correístas que dieron su firma para presentar el proyecto de ley, ya que mínimo se necesitan ocho voluntades (5 % de los legisladores), para una propuesta legislativa, según establece la Constitución.
Sin embargo, tras difundirse por medios de comunicación y redes sociales el contenido de este proyecto, los legisladores comunicaron que retiraron sus firmas. Con ello buscarían que el proyecto quede archivado.
Jácome, legisladora de Guayas, aseguró que apoyaba un proyecto que buscaba endurecer las penas por femicidio y que jamás lo haría sobre uno que permita impunidad en delitos sexuales.
«Como mujer y legisladora, rechazo categóricamente cualquier conducta que atente contra niñas, niños y adolescentes. He retirado mi firma de forma inmediata y responsable», dijo en su cuenta de X.
Un mensaje similar emitió Juan Pablo Molina, también de Guayas. «Mi firma fue incluida en un contexto donde no se transparentó de forma completa el enfoque ni las implicaciones del texto final de dicho proyecto», aseguró.
Roque Ordóñez, asambleísta por Azuay, dijo también que su firma fue incluida en el contexto que el proyecto buscaba endurecer las penas de femicidio.
Ledy Zúñiga, asambleísta por Pichincha y exministra de Justicia, aseguró que su firma solo fue otorgada exclusivamente para el incremento de penas en casos de femicidio, de 26 a 30 años.