Analizarán estado de excepción

Con 72 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional analizará si se revoca o no el decreto presidencial, en el que declaró en estado de emergencia a Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. La sesión está convocada para este lunes, a las 17:15.

El presidente Guillermo Lasso optó por la medida con el fin de frenar las movilizaciones del movimiento indígena. Pero esta declaratoria no tuvo eco en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuyo líder, Leonidas Iza, no solo ratificó el paro, sino que anunció el avance de las bases de la organización hacia Quito.

Analistas consultados consideran que la decisión del Ejecutivo es arriesgada, pero está dentro de los mecanismos constitucionales del Jefe de Estado. Descartan otro octubre del 2019 porque no todos los sectores sociales plegaron a las marchas.

Por otra parte, el decreto suspende la libertad de asociación y reunión, es decir, impide aglomeraciones en espacios públicos las 24 horas del día. Pero el mismo Gobierno promueve convocatorias a marchas por la paz, en la capital. De ahí que el constitucionalista Ismael Quintana es enfático al decir que es una contradicción y supone la violación de la propia norma.

Lanoche del viernes, el Primer Mandatario anunció ocho medidas económicas en respuesta a las demandas de los manifestantes. Leonidas Iza, presidente de la Conaie, “saludó” el anuncio del Ejecutivo, pero ratificó que el paro nacional continúa. La medida de hecho se inició el pasado lunes.

Mientras el Ejecutivo justificó la declaratoria del estado de excepción en la violencia a los ciudadanos y la amenaza al funcionamiento de sectores estratégicos, la Conaie ratificó el paro y el avance de las bases hacia Quito. Ambas posiciones son riesgosas para expertos

Los analistas políticos José Luis Fuentes y Maximiliano Donoso-Muller coinciden en tres puntos sobre el decreto: optar por el estado de excepción es una decisión con riesgos; algunos de los pedidos de la Conaie no se podrán cumplir a corto plazo y la llegada de las bases indígenas a la capital no generará otro octubre 2019 porque no son los mismos escenarios.

Con el decreto se establece una excepcionalidad, que no deja de ser peligrosa para la democracia porque intervienen las FF.AA., que están preparadas para defensa externa y la no vigencia de derechos constitucionales siempre puede llevar a abusos, dijo Fuentes.

Sin embargo, ante la estrategia de radicalizar las protestas del movimiento indígena, para Fuentes era previsible que este estado de excepción llegue. “Ambas partes están jugando con fuego”.

Para Donoso, el decreto fue acertado, a pesar de los riesgos que conlleva. “Nos va a asegurar que no se tapen las carreteras, que no haya bloqueos, que no haya lo que hemos visto en los últimos días, que es violencia”.

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