Con 86 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió, este miércoles 27 de agosto de 2025, poner fin a la vigencia del Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela.
El pasado 1 de agosto, el presidente Daniel Noboa firmó un decreto en el que solicitó a Cancillería que inicie el trámite para dejar sin efecto ese tratado, pero se necesitaba la aprobación de la Asamblea.
La Comisión de Relaciones Internacionales, liderada por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), aprobó el 15 de agosto el informe que dio luz verde a la autorización de disolución del acuerdo del Estatuto Migratorio.
El Gobierno de Ecuador decisió poner fin a esta herramienta binacional, pues según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ya no hay el respaldo económico necesario debido a la suspensión de varias fuentes de financiamiento internacional que apoyaban este tratado.
La propuesta fue impulsada por la asambleísta Lucía Jaramillo (ADN), presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales. Ella dijo que «Ecuador cumplió, hizo su parte, porque en uno de los momentos más difíciles que enfrentaron los venezolanos se les abrió las puertas».
El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, dijo que no estar de acuerdo con la salida de Ecuador del Estatuto Migratorio. Incluso, la bancada correísta de abstuvo de votar.
«No nos vamos a oponer a la denuncia del tratado, aunque nos parece que no es lo mejor. Lo mejor es que se establezcan acuerdos entre los países para que se beneficien los ciudadanos que están en ambas partes. No nos opondremos, pero votaremos en abstención», señaló Patiño.
¿Qué implica el fin de este Estatuto Migratorio?
Durante la sesión del Pleno de la Asamblea, Jaramillo aseguró que los derechos de los venezolanos residentes en Ecuador están garantizados y continuarán teniendo acceso a salud y educación.
Sin embargo, la renuncia del tratado implicará que ya no habrá procesos especiales de regularización como sucedió en los gobiernos del expresidente Guillermo Lasso y del propio Daniel Noboa.
Por ejemplo, el 23 de agosto del 2024, Noboa firmó el decreto 370 que estableció un proceso extraordinario de regularización para las personas venezolanas y sus familias que carecían de un estatus regular en el país. El objetivo era beneficiar a unas 100 000 personas.
Es decir, que el Estatuto Migratorio era un instrumento que regulaba un procedimiento simplificado para la obtención de visas y residencias de ciudadanos venezolanos en territorio nacional.
La legisladora Lucía Jaramillo aclaró, este miércoles 27 de agosto, que la decisión no implica cerrar puertas a los venezolanos migrantes, sino garantizar el debido proceso en su regularización. “Nadie pierde derechos, pero el Ecuador recupera su control migratorio y protege la vida de sus ciudadanos”, indicó.