El Pleno de la Asamblea Nacional debatirá en segunda instancia las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La convocatoria estaba prevista para el 20 de agosto de 2025, pero fue postergada y aún no se fija una nueva fecha, pese a que el plazo vence el próximo 26 de agosto.
La propuesta busca evitar la desnaturalización de las acciones de protección, a raíz de fallos de jueces que se excedieron en sus competencias. Con estas garantías jurisdiccionales se han llegado a frenar procesos como los concursos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), e incluso se permitió la liberación de personas privadas de libertad.
La abogada constitucionalista Daniela Erazo dice que la norma sí hace un aporte para ese objetivo, pero cree que todavía se puede mejorar.
No obstante, esta ley también define los alcances de las funciones de la Corte Constitucional, lo que ha despertado sospechas de que la mayoría oficialista en el Pleno y el Ejecutivo, a través del eventual veto, intenten aprovechar las reformas para limitar las atribuciones de los magistrados.
Las reformas están en manos del correísmo
La mayoría oficialista entregó la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea al correísmo, hace dos meses cuando se repartieron las mesas legislativas. Eso ha provocado que las propuestas de ADN el proyecto de reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales no sean acogidas por los legisladores y que se mantenga el texto original presentado para segundo debate.
El asambleísta de la Revolución Ciudadana y proponente del proyecto, Héctor Rodríguez, dijo en la Comisión que las observaciones «limitarían las competencias de la Corte Constitucional y de los jueces».
El oficialismo presentó algunas propuestas. Incluyó la limitación de la competencia de la Corte Constitucional para dictar reglamentos sobre sus procesos.
También, pantea que la modulación de sentencias, un mecanismo para que la Corte Constitucional precise cómo y desde cuándo se aplican los efectos de un fallo, aplique en función de la facilidad para el cumplimiento.
Además, propone una reducción de los plazos para la presentación de acciones, por ejemplo, de inconstitucionalidad por la forma. Eso implicaría que las leyes aprobadas por la Asamblea puedan ser observadas por el procedimiento solo por un tiempo establecido.
En la misma línea, ADN establece que la Corte admita acciones en plazos de 15 días, caso contrario, el silencio se interpretará como rechazo.
El oficialismo quiere eliminar la disposición que permite que los jueces sigan en funciones hasta ser reemplazados.
Por otro lado, actualmente, debido al volumen de causas que recibe la CC, puede priorizarlas, el oficialismo sugiere limitar ese criterio.
El asambleísta Héctor Rodríguez dice que esas observaciones busca debilitar el control constitucional y que se corre el riesgo de que ese filtro se convierta en algo meramente formal.
«El tema más crítico de esta propuesta de ADN, plantea el cese automático de jueces al cumplir su periodo. Esto abre la puerta a un vacío institucional que si no se nombra tiempo los nuevos jueces, pues puede existir la designación a dedo de jueces dentro del banco de elegibles», dice Rodríguez.
El amparo parlamentario y otros cuestionamientos a la propuesta del correísmo
La propuesta del correísmo también ha provocado cuestionamientos del ala oficialista.
El tema que ha provocado más observaciones es la propuesta de un amparo parlamentario. Se trata de una figura mediante la cual la Corte Constitucional puede verificar que se cumpla el debido proceso en las actuaciones no legislativas de la Asamblea.
Eso implicaría que la CC pueda pronunciarse sobre las decisiones políticas del Legislativo, por ejemplo, enjuiciamientos políticos, fiscalización de las comisiones especializadas o quejas contra asambleístas ante el Consejo de Administración Legislativa.
La asambleísta de ADN, Lucía Pozo, dijo que se pretende que la CC pase a ser un juez de las decisiones de la Asamblea, lo que «vulnera la autonomía».
En el veto presidencial podrían incluirse las reformas
El informe para la comisión puede ser aprobado o rechazado de manera íntegra, ya no cabe incluir ninguna observación.
Sin embargo, es probable que el presidente Daniel Noboa incluya las reformas en el veto presidencial, tal como ya ha ocurrido en el pasado.
Sea cual sea el trámite, la ley estará sujeta al control de la Corte Constitucional.