La solicitud de juicio político contra el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Gonzalo Albán, así como la presentada contra la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, están a la espera de ser calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que deberá analizar si cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene previsto reunirse este viernes para analizar el proceso contra la ministra Inés Manzano que fue ingresado a la secretaría de la Asamblea Nacional este 31 de julio y lo motivan los legisladores Juan Andrés González, Lenin Barreto y Blasco Luna, quienes acusan de incumplimiento de funciones en el caso Progen, relacionado con irregularidades en la contratación de la empresa para construir las centrales El Salitral de 100 megavatios (MW) y Quevedo de 50 MW, pero que la Contraloría del Estado detectó indicios de responsabilidad penal.
Acusaciones a ministra Inés Manzano
El juicio político en contra de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano Díaz, lo respaldan los legisladores de la bancada Revolución Ciudadana (RC), y la acusación tiene relación con un supuesto incumplimiento de funciones en la contratación de Progen, que le costó al Estado $ 150 millones y cuyo proceso fue observado por la Contraloría General del Estado.
Según los legisladores Juan Andrés González, Lenin Barreto y Blasco Luna, la ministra Manzano tiene responsabilidad política en la contratación de Progen y tiene que ser destituida y censurada por la Asamblea Nacional.
La bancada RC tomó como prueba el informe de las irregularidades detectadas por la Contraloría General del Estado a los contratos que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) firmó con las empresas Progen y ATM.
Progen fue contratada para construir las centrales El Salitral de 100 megavatios (MW) y Quevedo de 50 MW; mientras que ATM, para levantar la planta Esmeraldas III de 91 MW. Los contratos con las dos empresas fueron firmados en agosto del 2024 durante la declaratoria de emergencia del sector eléctrico.
Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, está en la mira del correísmo. La Bancada de la Revolución Ciudadana (RC5) presentó una solicitud de juicio político en contra de la funcionaria por el caso Progen.
«Mis compañeros Blasco Luna y Lenin Barreto, hemos presentado el juicio político contra la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, por el Caso Progen y el millonario perjuicio al Estado ecuatoriano», señaló Juan Andrés González, asambleísta de la RC5, en su cuenta de X.
Los tres legisladores de la RC5 entregaron la solicitud el pasado 29 de julio para su trámite en la Asamblea y hoy se hizo público ese pedido.
«Nuestra responsabilidad como Asamblea Nacional no es mirar hacia otro lado, sino ejercer control político para que quienes toman decisiones rindan cuentas ante el país», indicó Juan Andrés González.
Además, el parlamentario González pidió al presidente Daniel Noboa y a Niels Olsen, titular de la Asamblea, que se investigue esta denuncia y se tomen acciones caiga quien caiga.
El pasado 16 de julio, la ministra Inés Manzano señaló que CELEC EP ganó los dos arbitrajes en el tema de Progen. Además, se cobraron las garantías de manera paulatina para Salitral y Quevedo y se realizará un cronograma para poner en funcionamiento los equipos de estas centrales de generación.
En tanto, el contralor general, Mauricio Torres, identificó indicios de responsabilidad penal en contratos firmados por CELEC EP con las empresas Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM). Estimó que el perjuicio al Estado asciende a 140 millones de dólares.
En este mismo caso, la Fiscalía está investigando a varios exfuncionarios públicos, entre ellos al exviceminstro Fabián Calero, por presunto peculado relacionado con contratos de proyectos de generación eléctrica, bajo el denominado Caso Apagón.
Acusaciones juicio a Gonzalo Albán
El juicio político presentado por el asambleísta Keevin Gallardo en contra del consejero Gonzalo Albán se acoge al voto salvado emitido por la jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Patricia Guaicha Rivera, dentro de la causa n.º 186-2022, a través del cual la juzgadora llega a la conclusión de que Gonzalo Albán Molestina no desvirtuó jamás no estar inmerso en la prohibición del artículo 21, numeral 8, de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y artículo 7, numeral 8, del Instructivo que establecen como requisito para ser candidato a consejero del CPCCS, esto es, no ser adherente a una organización política en los últimos cinco años; pues, de la certificación otorgada por el secretario encargado de la Delegación Electoral del Guayas, solo se establece que Albán Molestina no constaba registrado como director de una organización política y tampoco había desempeñado cargo público; sin embargo, se habría omitido dar información respecto de la filiación de este a una organización política. En consecuencia, se determinó que la información que en su momento el TCE solicitó, se incorporó al expediente de manera incompleta.
El consejero Gonzalo Albán dijo que es preocupante que el control político de la Asamblea Nacional vaya sobre sentencias de la Función Electoral cuando hay una decisión tomada por el Tribunal Contencioso Electoral que no puede ser revisada porque es de última instancia, pues resolvió revocar las decisiones emitidas por el CNE y, en consecuencia, permitir su postulación como consejero.
En su momento, añadió Albán, presentó sus descargos ante el TCE de que muchos ciudadanos fueron inscritos a partidos políticos en donde se falsificaban firmas o se tomaban nombres para poder conformarlos, y en la sentencia está detallada. Jamás estuvo afiliado a ningún partido político, recalcó.
Cuestionó que este juicio político se sustente en un voto salvado y no en la sentencia emitida por el TCE, y no hay cómo volver a revisar una decisión tomada por una institución, lo cual es un sinsentido, apuntó.